Doce estados de EU introdujeron demanda para bloquear el ataque del ajuste verde maltusiano
10 de marzo de 2021 — Luego de que EIR publicó su Informe Especial “El gran salto hacia atrás; LaRouche expone el Nuevo Trato Verde”, con el fin de generar acciones para derrotar la política maltusiana de genocidio llamado diversamente el “Nuevo” Trato Verde, el Gran Reajuste o “capitalismo participativo”, han comenzado a manifestarse iniciativas importantes de oposición a ese retroceso de la humanidad.
En Estados Unidos, el 8 de marzo, el estado de Missouri por su lado, y otros 11 estados de EU introdujeron demandas en un tribunal federal para bloquear las Órdenes Ejecutivas del Presidente Biden mediante las cuales se ordenan por decreto varias medidas de “reajuste” verde ambientalista; las demandas se oponen tanto al contenido perjudicial de los decretos como al modo de aplicarse mediante decretos ejecutivos ilegales. Los argumentos de las demandas son bien directos.
Primero, las demandas señalan que las medidas ambientalistas causarán un profundo daño a los estados involucrados y a la nación entera, al reducir las manufacturas, suprimir la agricultura, reducir el suministro de energía y su fiabilidad, porque empobrece a la gente y tiene otros efectos destructivos, ahora y por las décadas por venir. En segundo lugar, la demanda señala que la Casa Blanca no tiene la autoridad para definir las políticas en estas áreas; solo el Congreso tiene las facultades y la responsabilidad de hacerlo.
La presidente del Instituto Schiller, Helga Zepp-LaRouche, comentó ayer sobre la importancia de estas iniciativas a nivel internacional: “Esta es una ruptura importante”, para utilizarla contra la arremetida verde. En particular, se deben adoptar medidas a favor del bien público en Europa, donde ya el abominable reajuste ambientalista verde de la Unión Europea (UE) ha causado estragos y también en Gran Bretaña, que serán los anfitriones de la Cumbre Climática de la ONU de Glasgow, en noviembre.
La demanda señala que la Orden Ejecutiva 13990 de Biden, titulada “Proteger a la salud pública y al medio ambiente y restaurar la ciencia para afrontar la crisis climática”, impone erróneamente cifras para el “costo social” de los gases de invernadero, para luego utilizarlos en las regulaciones federales como excusa para reducir la actividad económica esencial.
Una sección de la demanda establece lo que está en juego, tanto internamente como a nivel mundial: “Si se sostiene la Orden Ejecutiva, va a causar cientos de miles de millones o billones de dólares en daños a la economía estadounidense durante las décadas por venir. Va a destruir los empleos, va a sofocar la producción de energía, a estrangular la independencia energética de Estados Unidos, a suprimir la agricultura, a desalentar la innovación, y empobrecerá a las familias trabajadoras”. Más aún, la demanda señala que “la agricultura estadounidense y la producción de energía (a las cuales estas acciones van a sofocar) tienen beneficios globales… que enriquecen al mundo entero, y no obstante el gobierno de Biden les da poco o nada de peso en sus cálculos del ‘costo social’ del dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno”.
La iniciativa jurídica la encabeza el fiscal general del estado de Missouri, Eric Schmitt, un probable candidato del Partido Republicano al Senado de EU; los otros estados tienen también gobernadores del Partido Republicano, pero no se trata de una cuestión partidista, no es un mero asunto de “temas” partidistas. Los estados que suscriben la demanda son el núcleo de la franja agropecuaria: Kansas, Nebraska, Oklahoma, Arkansas, Montana, Ohio e Indiana, junto con Missouri, más Arizona, Carolina del Sur, Tennessee y Utah. Los demandados son, además del Presidente Biden, 10 departamentos federales, en especial el de Agricultura, de Energía, Transporte, del Interior, y agencias relacionadas. (https://ago.mo.gov/home/news/2021/03/08/missouri-attorney-general-leads-12-state-coalition-in-filing-suit-against-the-biden-administration-over-massive-expansion-of-federal-regulations).
Otra medida en oposición vigorosa al “gran salto hacia atrás” ambientalista, proviene de Rusia. El 2 de marzo, el Presidente Vladimir Putin sostuvo una importante reunión nacional sobre la importancia del carbón. Ante todos los representantes ministeriales pertinentes y los dirigentes de la minería, el transporte, la industria y otros, Putin repaso la geografía económica y las metas del programa. Rusia produce unas 400 millones de toneladas de carbón al año, de cinco regiones principales, en donde viven unas 11 millones de personas. Dijo que la mitad de la producción se exporta, y en particular a la región asiática del Pacífico. Planteó un aumento de los envíos de carbón hacia el este, desde la cuenca de Kuznetsk, en un 30% a partir de ahora hasta el 2024. (http://en.kremlin.ru/events/president/news/65085).
Con toda intención, Putin se refirió a la reciente crisis energética en el sur de Estados Unidos, en un comentario muy acertado sobre cómo se deben hacer los “ajustes” en las políticas energéticas cuando son necesarios, como se están haciendo en Rusia. Dijo que “en cuanto a la perspectiva a largo plazo del mercado global del carbón, más allá de la década actual, yo sé que hay pronósticos diferentes en este respecto. No es ningún secreto que algunos ellos sugieren una contracción significativa… También sabemos lo que sucede con esto. Texas se congeló debido al clima frío. Y los molinos de viento tuvieron que ser descongelados de un modo que está muy lejos de ser amigable al medio ambiente. Quizás esto también cause ajustes”.
Mientras tanto, el telón de fondo de estos movimientos positivos para defender y ampliar la actividad económica esencial, es el hecho de que el sistema financiero monetarista mismo, se está derrumbando y hay una necesidad urgente de una reorganización financiero al estilo de la ley Glass-Steagall. Un caso indicativo en Alemania es la quiebra reciente del banco Greensill Bank de Bremen. A consecuencia de esto, unos 50 municipios que tenían ahí sus depósitos, (Giessen, uno de ellos) se quedaron en la estacada y están desesperados para conseguir fondos que necesitan para la infraestructura de la ciudad y sus operaciones regulares.
Zepp-LaRouche destacó que en este contexto de un derrumbe financiero inminente y la embestida ambientalista verde de autodestrucción de las economías nacionales, la locura de seguir con los juegos geopolíticos conducirá inevitablemente a la guerra. No hay por ello, más alternativa, que avanzar hacia un nuevo paradigma en las relaciones internacionales.
La próxima conferencia internacional del instituto Schiller y la Junta Internacional de Comités Laborales será un punto de intervención decisivo en estas circunstancias. Organiza para una gran asistencia: es el 20 y 21 de marzo, y se titula “El mundo en la encrucijada: A dos meses del nuevo gobierno de Estados Unidos”. (https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210320-conference).
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