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El gobierno de Biden atiende el dictado de la AIE y del G7: ordena acabar con el combustible de carbón ¡rápido! 

25 de mayo de 2021 — El Presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva el 20 de mayo (obviamente guiada por el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) del 18 de mayo y por la reunión de ministros de economía y relaciones exteriores del G7 del 3 al 5 de mayo) para ordenar un esfuerzo de “todo el gobierno” para detener la inversión en tecnologías relacionadas con el carbón, o la vida, tan rápido como sea posible. Se llama Orden Ejecutiva sobre Riesgo Financiero Relativo al Clima. Entre otras cosas, el decreto ordena:

  • Al Asesor Nacional sobre el Clima (John Kerry) y al director del Consejo Económico Nacional (Brian Deese, de BlackRock, Inc.) desarrollar en un plazo de 120 días, una estrategia integral para todo el gobierno sobre el riesgo climático para identificar la divulgación de riesgo financiero relativo al clima, a los programas, activos y obligaciones del gobierno, y deshacerse de ese riesgo para lograr un cero neto de emisiones en toda la economía para 2050; y

  • “al Secretario del Tesoro, como jefe del Consejo Supervisor de la Estabilidad Financiera, que trabaje con los miembros del Consejo para evaluar el riesgo financiero relativo al clima para la estabilidad del gobierno federal y la estabilidad del sistema financiero estadounidense”; y en un plazo de 180 días el Consejo proponga las formas para reducir los riesgos a la estabilidad financiera mediante prácticas de regulación y supervisión (aunque, por supuesto, dejando de lado el riesgo de seguir imprimiendo dinero sin restricción alguna como hace la Reserva Federal, así como los extremos de especulación financiera en el mercado de valores y de la deuda corporativa e hipotecaria con sus derivados); y

  • “al Secretario del Trabajo que considere la suspensión, revisión o anulación de cualquier norma del gobierno anterior que hubiera prohibido a las firmas de inversión tener en cuenta los factores del medio ambiente, sociales y de gobernanza, como los riesgos relativos al clima, en sus decisiones de inversión relacionadas con las pensiones de los trabajadores”. Se trata del mayor acervo de fondos de inversión, al que se le prohibirá las inversiones en combustibles fósiles y en las industrias intensivas en carbón; y

  • El desarrollo de “recomendaciones para mejorar la manera en que la gestión e información financiera del gobierno federal puede incorporar el riesgo financiero relativo al clima, en especial en la medida en que ese riesgo se relaciona con programas federales de crédito”. O sea, nada de prestar ni de dar contratos federales a las compañías relacionadas con los combustibles fósiles ni a las cooperativas agrícolas que consumen carbono, etc.; y

  • El gobierno federal desarrolle y publique anualmente una evaluación de su exposición de riesgo fiscal relativo al clima al mismo tiempo que elimina las fuentes de este riesgo mediante recortes selectivos en el gasto.

 

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