22 de enero de 2022 (EIRNS) — Hasta ahora en este mes de enero, a dos ciudadanos colombianos aquejados con enfermedades difíciles y “degenerativas”, pero no “terminales”, les aplicaron la “eutanasia legal”, escribió sin rodeos el servicio de noticias británico Reuters. La noticia fue ampliamente difundida a nivel internacional como un gran avance para la causa del “derecho a morir”, por mano ajena y cuanto antes mejor. Como señaló sin conmoverse el British Medical Journal: 

“Dos personas que padecían enfermedades graves pero no les había dado una prognosis terminal, terminaron con su vida, de forma legal, en Colombia con la ayuda de los médicos. La nueva política del país lo convierte en el cuarto a nivel mundial, luego de Bélgica, Canadá y Holanda, en permitir la eutanasia voluntaria para poner fin al sufrimiento de personas que de otra manera es muy posible que no fueran a morir pronto”. 

La revista Newsweek lo tituló así: “Una muerte digna”. El ABC de España le aseguró a sus lectores que la muerte fue “tranquila”. El periodic The Washington Post aclamó la “histórica lucha legal” que abrió la puerta para permitir que más personas accedan al “derecho” de ser sometidos a la eutanasia como a un animal. La compañía de consultoría Oxford Analytica pronostica que “los casos de eutanasia en Colombia van a sentar nuevos precedentes”. La rama colombiana de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir, que encabeza la campaña por el “derecho a morir”, es una compañía jurídica que se hace llamar DescLab, Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya está llevando a cabo una serie de seminarios por internet por toda Iberoamérica, promoviendo la ley por el “derecho a morir” y un programa de educación para adoctrinar a los niños en el colegio sobre su “derecho” a escoger morir, en vez de contribuir a la sociedad. 

No es accidental que este ataque frontal a lo más fundamental de los derechos humanos, el derecho a la vida, se está intensificando en medio de una pandemia sobre la cual los gobiernos en occidente, en general, se han negado a hacer lo necesario para así derrotar a la enfermedad. En vez de llevar a cabo una movilización, para luchar de manera de salvar la vida y garantizar los cuidados de salud y las condiciones de una vida moderna (el acceso a la electricidad, calefacción, agua limpia, comida suficiente, etc) para las personas en sus propios países, esos gobiernos han aceptado los dictámenes de los usureros imperiales que dicen que salvar las vidas humanos es demasiado costoso. 

La eutanasia es legal en Colombia desde 1997, cuando, tres años después de legalizar el consumo de la cocaína, la marihuana y otras drogas que pudieran escoger, la Corte Constitucional de Colombia legalizó la eutanasia para “ciertas circunstancias”. En el 2014, la Corte ordenó que el “procedimiento” —el asesinato deliberado de otro ser humano— fuera regulado. Desde el 2015, han habido 178 personas con enfermedades terminales, a las cuales se les aplicó el procedimiento legal de la “eutanasia”, en Colombia. 

La ampliación de las categorías de personas susceptibles de ser asesinadas por motivos médicos fue planeada durante mucho tiempo por los promotores maltusianos en el mundo. En julio del 2021, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que el sistema de salud pública colombiano puede matar a cualquier persona que padezca una enfermedad “incurable” que le provoque un gran dolor físico o psicológico; por ahora, la persona debe solicitarlo. El principal defensor de la eutanasia en el Congreso colombiano, el diputado del Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri, tiene la intención de volver a presentar su proyecto de ley de regulación de la eutanasia si es reelecto en marzo, para que quien quiera morir “no tenga que ir ante un juez; sino que los médicos tengan que aplicarlo inmediatamente”.