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Protestas a nivel nacional en Perú por los altos precios en los alimentos, combustibles y fertilizantes; se declaró el Estado de Emergencia en Lima

8 de abril de 2022 (EIRNS) — Perú está en estado de agitación, provocado la semana pasada por una huelga de seis días de agricultores y camioneros en el departamento agrícola de Junín por los altos precios de los combustibles, fertilizantes y alimentos. Los camioneros bloquearon las principales carreteras que salen de la ciudad de Huancayo, la capital de Junín, tanto para el este como para el oeste, lo que impidió que los alimentos llegaran a la ciudad capital de Lima, lo cual provocó escasez y afectó a las exportaciones de alimentos. Ahora las protestas están ocurriendo a nivel nacional, y ha habido enfrentamientos con la policía, vandalismo y saqueos de gasolineras y mercados de alimentos, con resultado de varios muertos y heridos. En la noche del 4 de abril, el Presidente Pedro Castillo declaró el estado de emergencia y el toque de queda en Lima y en la vecina ciudad portuaria de Callao, prohibiendo a los ciudadanos salir de sus casas a menos que trabajen en servicios esenciales. El ejército también se ha desplegado en diferentes partes del país. 

Al igual que ocurre en otros países, la inflación de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes es resultado de una crisis global agravado por el impacto de las sanciones impuestas a Rusia. En marzo de este año, los precios en Perú aumentaron un 6,8% en comparación con marzo de 2021, y la inflación, en general, está creciendo al ritmo más rápido en 24 años, según la agencia estadounidense Bloomberg. Sin embargo, como señaló la oficina de EIR en Lima, Perú ya había llegado al límite de su tolerancia mucho antes de que estallara esta situación actual. Su población fue azotada por la pandemia. La pobreza es generalizada; 75% de la población trabaja en el sector “informal”. “La gente no está comiendo; no puede aguantar más. La situación ha explotado”, señaló Luis Vásquez, corresponsal de EIR en Lima. Todo el país está en crisis. 

Castillo, que tiene un índice de aprobación de un 30%, es visto como un inepto. Enfureció a los huelguistas en Huancayo cuando los calificó de agentes pagados y provocadores. Después de ofrecer una disculpa poco convincente, envió a varios miembros del gabinete a Huancayo para mediar para poner fin de la huelga, y anunció un levantamiento “temporal” de los impuestos sobre el combustible y algunos alimentos, así como un aumento del 10% en el salario mínimo. Pero con la alta tasa de inflación, los pequeños beneficios que puedan derivarse de este ahorro desaparecerán rápidamente. Los conductores de autobuses denunciaron el aumento salarial como insuficiente y se declararon en huelga el 4 de abril. Tampoco hay fondos suficientes en el Tesoro Nacional para pagar los bonos especiales que Castillo prometió a los pobres para aliviar los efectos de la pobreza, el hambre y el desempleo.

 

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