9 de abril de 2022 (EIRNS) — El alto costo de los combustibles, de los alimentos, las medicinas, los fertilizantes y los servicios básicos a consecuencia de la desintegración financiera global en marcha y de las repercusiones del conflicto ucraniano, ha desatado protestas en toda Iberoamérica. Las poblaciones más afectadas por la pandemia del COVID-19 y que padecen además pobreza y desempleo, están saliendo a la calle para exigir que se satisfagan sus necesidades. Los gobiernos de Chile, Brasil, Argentina y México se esfuerzan por hacer frente a las tasas de inflación mensual más altas de la historia; la de Chile en marzo fue la más alta de los últimos 30 años; la de Brasil, la más alta desde el 2003; y la de México, la más alta de los últimos 20 años, según el informe de la agencia Bloomberg. En la mayoría de los países, los bancos centrales están recurriendo a sus recetas convencionales de elevar las tasas de interés, con lo que se complica más el funcionamiento de la economía.

En Chile, el nuevo Presidente, Gabriel Boric, está en aprietos para hacer frente a la creciente inflación y responder a las necesidades de la población más empobrecida del país, herencia del “modelo chileno” de saqueo de los “Chicago Boys”. Acaba de anunciar un paquete de desarrollo económico de $3.700 millones de dólares para ayudar a los sectores más pobres del país, que conlleva medidas para congelar las tarifas del transporte público y propone la creación de medio millón de nuevos puestos de trabajo. Pero los sondeos de opinión indican que la población se muestra pesimista en cuanto a que algo mejore. Boric también se enfrenta a un aumento de la violencia en el sur de Chile, entre la empobrecida población indígena mapuche, un problema antiguo y complicado que se ve agravado por la participación de ONG extranjeras, grandes empresas extranjeras propietarias de grandes extensiones de tierra y grupos radicales locales de izquierda y derecha. Lo que Boric considera un problema de derechos humanos solo podría resolverse con un programa de desarrollo integral.

En Brasil, el Centro de Movimientos Populares (CMP) ha convocado a una movilización masiva para hoy, en al menos 42 ciudades, que se realizará bajo la consigna, “Bolsonaro, ¡nunca más! Contra los aumentos de los combustibles, el gas y ¡no al hambre!”. El Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST) denuncia que como resultado del desmembramiento de la economía que ha hecho el Presidente Bolsonaro, el 60% de la población no tiene para comer; 12 millones están desempleados, 125 millones sufren inseguridad alimentaria y 200.000 personas viven en la calle, según la reseña de Resumen Latinoamericano con base en estadísticas del MST. El dirigente del CMP, Raimundo Bonfim, advierte que la gente ya no puede tolerar los constantes aumentos en el costo de la electricidad, del gas para cocinar, el combustible, las medicinas y los alimentos.

Perú está en un estado de agitación, provocado la semana pasada por una huelga de seis días de agricultores y camioneros en el departamento agrícola de Junín por los altos precios de los combustibles, fertilizantes y alimentos. Los camioneros bloquearon las principales carreteras que salen de la ciudad de Huancayo, la capital de Junín, tanto para el este como para el oeste, lo que impidió que los alimentos llegaran a la ciudad capital de Lima, lo cual provocó escasez y afectó a las exportaciones de alimentos. Ahora las protestas están ocurriendo a nivel nacional, y ha habido enfrentamientos con la policía, vandalismo y saqueos de gasolineras y mercados de alimentos, con resultado de varios muertos y heridos. En la noche del 4 de abril, el Presidente Pedro Castillo declaró el estado de emergencia y el toque de queda en Lima y en la vecina ciudad portuaria del Callao, prohibiendo a los ciudadanos salir de sus casas a menos que trabajen en servicios esenciales. El ejército también se ha desplegado en diferentes partes del país.

Al igual que ocurre en otros países, la inflación de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes es resultado de una crisis global agravado por el impacto de las sanciones impuestas a Rusia. En marzo de este año, los precios en Perú aumentaron un 6,8% en comparación con marzo de 2021, y la inflación, en general, está creciendo al ritmo más rápido en 24 años, según la agencia estadounidense Bloomberg. Sin embargo, como señaló la oficina de EIR en Lima, Perú ya había llegado al límite de su tolerancia mucho antes de que estallara esta situación actual. Su población fue azotada por la pandemia. La pobreza es generalizada; 75% de la población trabaja en el sector “informal”. “La gente no está comiendo; no puede aguantar más. La situación ha explotado”, señaló Luis Vásquez, corresponsal de EIR en Lima. Todo el país está en crisis.

Castillo, que tiene un índice de aprobación de un 30%, es visto como un inepto. Enfureció a los huelguistas en Huancayo cuando los calificó de agentes pagados y provocadores. Después de ofrecer una disculpa poco convincente, envió a varios miembros del gabinete a Huancayo para mediar para poner fin a la huelga, y anunció un levantamiento “temporal” de los impuestos sobre el combustible y algunos alimentos, así como un aumento del 10% en el salario mínimo. Pero con la alta tasa de inflación, los pequeños beneficios que puedan derivarse de este ahorro desaparecerán rápidamente. Los conductores de autobuses denunciaron el aumento salarial como insuficiente y se declararon en huelga el 4 de abril. Tampoco hay fondos suficientes en el Tesoro Nacional para pagar los bonos especiales que Castillo prometió a los pobres para aliviar los efectos de la pobreza, el hambre y el desempleo.