21 de abril de 2023 (EIRNS) — El 18 de abril, un gran jurado federal acusó a cuatro estadounidenses y a tres rusos de hacer “una campaña de influencia extranjera maligna de varios años en Estados Unidos”. Los acusados rusos presuntamente “reclutaron, financiaron y dirigieron a grupos políticos estadounidenses para que actuaran como agentes ilegales no registrados del gobierno ruso y sembraran la discordia y difundieran propaganda rusa”. También, supuestamente habrían “participado en el financiamiento encubierto y la dirección de candidatos a cargos locales dentro de Estados Unidos”. El ciudadano ruso, Aleksandr Viktorovich Ionov, fundador y presidente del Movimiento Antiglobalización de Rusia (AGMR, por sus siglas en inglés), bajo la supuesta dirección del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) presuntamente “llevó a cabo durante años una campaña de influencia extranjera maligna dirigida contra Estados Unidos. Como parte de la campaña, se presume que Ionov reclutó a miembros de partidos políticos dentro de Estados Unidos, entre ellos al Partido Socialista Popular Africano y del Movimiento Uhuru [“libertad” en suajili, la lengua de Kenia] (conocidos colectivamente como APSP), en Florida; Black Hammer en Georgia; y a un grupo político en California (al que se refieren en las siguientes acusaciones como al U.S. Political Group 3), para que participaran en la campaña de influencia y actuaran como agentes de Rusia en Estados Unidos”. Luego mencionan a los cuatro estadounidenses, entre ellos a Omali Yeshitela, presidente y fundador de APSP.

“El servicio de inteligencia extranjero de Rusia presuntamente utilizó como arma nuestros derechos de la Primera Enmienda — libertades que Rusia niega a sus ciudadanos— para dividir a los estadounidenses e interferir en las elecciones de Estados Unidos”, dijo el fiscal general adjunto, Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “El departamento no dudará en desenmascarar y perseguir a quienes siembran la discordia y corrompen las elecciones estadounidenses al servicio de intereses extranjeros hostiles, independientemente de que los culpables sean ciudadanos estadounidenses o individuos extranjeros, en el exterior”.

Si se está utilizando algún arma aquí, es en el ataque del Departamento de Justicia a los estadounidenses que ejercen su libertad de disentir de la propaganda antirrusa del gobierno estadounidense. “Este caso simulado y racista fluye de la histeria del Rusiagate que convenció a millones de estadounidenses de que Rusia estaba pagando a grupos disidentes para desestabilizar el sistema político estadounidense”, escribió Max Blumenthal en su cuenta de Twitter el jueves 20. “El FBI no pudo encontrar nada real, así que fue a por el Partido Socialista Popular Africano”.

“La acusación complementaria que contiene estos cargos consiste en un montón de gimnasia verbal para ocultar el hecho de que el Departamento de Justicia está persiguiendo a ciudadanos estadounidenses por su discurso y actividades políticas en Estados Unidos que no coinciden con los deseos del gobierno de Estados Unidos”, escribe Caitlin Johnstone en un artículo en su sitio electrónico. “El gran jurado alega que el mencionado Ionov ‘dirigió’ a estos estadounidenses para que ‘publicaran propaganda prorrusa’ e ‘información diseñada a causar distensión en Estados Unidos’, que es la acusación más vaga y amorfa a la que podrían haber llegado”.

“No es razonable que el gobierno desestime sin más la Primera Enmienda alegando que la han ‘convertido en un arma’”, escribe Johnstone más adelante. “El gobierno no puede dictar qué discurso es válido y qué se considera ‘propaganda de agitación’ y ‘desinformación’, porque ellos siempre van a definir esos términos de manera que siempre beneficie al gobierno, dando así más poder a los poderosos, y restándoselo al pueblo. No se puede permitir que el gobierno dicte qué grupos políticos son legítimos y cuáles son instrumentos de un gobierno extranjero, porque siempre se puede contar con que los poderosos establezcan tales designaciones de forma que les beneficien a ellos mismos”.

Y luego está la hipocresía de todo esto. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), financia un ejército de organizaciones en todo el mundo que llevan a cabo operaciones de influencia en prácticamente todos los países del mundo, incluidas operaciones de cambio de régimen, a nombre de los objetivos geopolíticos de Estados Unidos. “Por lo tanto, que el gobierno de Estados Unidos pretenda ahora que es legítimo encarcelar a ciudadanos estadounidenses durante una década porque publicaron ‘propaganda’ para otro país es absurdo, y da más que un poco de miedo”, señala Johnstone. “El gobierno más poderoso del mundo necesita más disidencia política en casa, no menos, y aquí están intentando convertirla en un delito”.