14 de junio de 2024 (EIRNS) — Por fin han comenzado en el Congreso de Estados Unidos las peticiones para detener el financiamiento por parte del Departamento de Estado a las mortíferas listas negras ucranianas que tienen como objetivo, entre otros, a ciudadanos estadounidenses para eliminarlos. "Los burócratas federales no deben apoyar ni asociarse con grupos extranjeros que intentan intimidar y silenciar a ciudadanos y legisladores estadounidenses", escribió el representante Jim Banks (republicano de Illinois) en una carta enviada el 11 de junio a los presidentes de la Comisión de Asignaciones y de su Subcomisión de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados. "Insto a la mayoría del Comité de Asignaciones a que apoye los esfuerzos en el proyecto de ley SFOPS del año fiscal 2025 para obligar al Departamento de Estado y a USAID a poner fin a todas las relaciones con ONG extranjeras como TEXTY que tratan de silenciar el discurso de los estadounidenses que no les gustan y de influir en los responsables políticos de Estados Unidos para que sirvan a sus propios intereses". Su carta señala la tristemente célebre lista negra de Myrotvorets, y el papel del Centro para Contrarrestar la Desinformación (CCD) del gobierno ucraniano, que "también mantiene una lista de individuos que supuestamente "promueven narrativas coherentes con la propaganda rusa". 

El detonante de esta lucha fue la publicación el 6 de junio de una nueva lista de este tipo por parte de la “Data Journalism Agency” (Agencia de Periodismo de Datos) de Ucrania, también conocida como "Texty", bajo el título “Roller Coaster: From Trumpists to Communists” (Montaña rusa: De trumpistas a comunistas). Los objetivos eran 76 organizaciones estadounidenses y 388 estadounidenses prominentes, entre ellos congresistas, líderes políticos, figuras de los medios de comunicación, entre otros, acusados de poco más que "impedir la ayuda a Ucrania." Entre ellos estaban la candidata independiente de LaRouche al Senado de Estados Unidos por Nueva York, Diane Sare, y el portavoz de la Organización LaRouche, Harley Schlanger. 

Hace tiempo que el Congreso debería haber actuado.  EIR ha publicado dos expedientes  sobre la multiplicada red de agencias ucranianas financiadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y USAID, que se despliegan abiertamente para elaborar listas negras de opositores a la guerra de la OTAN contra Rusia, para ser silenciados o “eliminados”, por ser "propagandistas del Kremlin" y "terroristas de la información". Líderes políticos como Sare, Schlanger, Scott Ritter, el coronel (ret.) Richard Black y otros han escrito cartas abiertas al Congreso exigiendo que tome medidas, ya en agosto de 2022. 

La carta abierta del representante Banks al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes llevó a ese organismo a adoptar una enmienda más limitada al proyecto de ley de financiamiento para "impedir que se ataque a los medios conservadores a través de la Agencia de Periodismo de Datos o el Índice Global de Desinformación." 

Además, el senador de Ohio J.D. Vance y el representante de Florida Matt Gaetz enviaron el 12 de junio una carta conjunta al Secretario de Estado Tony Blinken, dándole de plazo hasta el 28 de junio para dar respuestas sobre los vínculos de Texty con el Departamento de Estado. Su carta especifica que "esta no es la primera vez que una organización ucraniana patrocinada por Estados Unidos ha participado en un ataque dirigido al mercado de los medios informativos de Estados Unidos", y menciona al Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y su "lista de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses y entre ellos, miembros actuales y anteriores del Congreso, que apoyan 'narrativas rusas'" de julio de 2022, mientras siguen recibiendo financiamiento de Estados Unidos. 

"Todos los estadounidenses pueden estar de acuerdo en que el dinero de nuestros impuestos no debería estar apoyando ataques directos contra personas estadounidenses basados en un desacuerdo político razonable, y especialmente no ataques directos contra legisladores estadounidenses basados únicamente en su voto", escribieron. 

Elon Musk, también en la lista de Texty, respaldó la acción del Congreso para desfinanciar Texty como "un buen primer paso" en una respuesta en su plataforma X, y agregó que además se les debería de incluir (a los miembros de Texty) en “la lista de organizaciones terroristas sancionadas”.