16 de junio de 2024 (EIRNS) — En un acto extraordinario de brutal represión, la policía argentina golpeó y detuvo arbitrariamente a ciudadanos que se reunieron frente al Congreso nacional el 12 de junio para protestar pacíficamente contra la monstruosidad conocida como ley de "Bases". El proyecto de ley se debatía ese día en el Senado y se aprobó por un solo voto, después de que la presidente del Senado, Victoria Villarruel, interviniera para deshacer un empate. Decenas de miles de ciudadanos se habían movilizado para protestar contra la ley, que desregula la economía, despoja a los trabajadores de sus derechos, privatiza empresas estatales y concede al Presidente Javier Milei autoridad normalmente reservada al poder legislativo durante un año. 

Los argentinos, que ya sufren los efectos de la draconiana austeridad de Milei, entienden que la ley recortaría aún más su nivel de vida, destruiría la soberanía económica y concedería enormes beneficios a las multinacionales extranjeras. Pero la sanguinaria ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó a toda la policía antidisturbios armada con gases lacrimógenos, gas pimienta, cañones de agua y balas de goma, y autorizada a detener a cualquiera por cualquier motivo. Con ello se pretende criminalizar la protesta pública y aterrorizar a quienes participen en ella. Estudiantes universitarios, pensionistas, vendedores ambulantes e incluso personas sin hogar fueron golpeados y detenidos arbitrariamente acusados de cualquier delito que inventara la policía. 

Finalmente fueron detenidas 33 personas, 17 de las cuales ya han sido puestas en libertad por la juez María Servini. El diario Página 12 informó que los 16 restantes han aterrizado en el juzgado de uno de los fiscales más corruptos de Buenos Aires, Carlos Storani, que los ha acusado de "haber incitado a la violencia colectiva contra las instituciones... infundir temor público... al mismo tiempo que han participado en un posible levantamiento contra el orden constitucional y la vida democrática". 

En las primeras 24 horas tras su detención, los detenidos fueron incomunicados, golpeados, humillados y no se les informó de su situación. Muchos han sido enviados ahora a prisiones federales, lejos de sus hogares, y probablemente podrían ser acusados de un delito federal y enfrentarse a penas de cárcel. Estos métodos fascistas recuerdan a los utilizados por la dictadura militar de 1976-83 para eliminar toda disidencia política.