Internacional
Cheney mismo crea la ‘tormenta perfecta’
para botarlo
por Michele Steinberg
Con la combinación de la convocatoria a las audiencias más
serias y solemnes desde lo del Watergate, y el inicio del juicio contra el ex
oficial mayor y ex asesor de seguridad nacional del vicepresidente
estadounidense Dick Cheney, I. Lewis “Scooter” Libby, por perjurio y
obstrucción de la justicia, se abre la oportunidad de enjuiciar al
Vicepresidente, y Cheney está ansioso porque se aproveche.
El 24 de enero, un día después de que el fiscal especial
Patrick Fitzgerald descubriera a Cheney como quien encabezó la
campaña para desacreditar a un testigo creíble decisivo, el
ex embajador Joe Wilson, al revelar la identidad de su esposa Valerie Plame como
agente encubierta de la CIA, el Vicepresidente anunció en
televisión nacional que la Casa Blanca desatenderá cualquier resolución del Congreso que critique el aumento de fuerzas en
Iraq.
En una entrevista con Wolf Blitzer de CNN, al preguntársele sobre la
resolución del Senado contra el aumento de tropas que acababa de aprobar
la Comisión de Relaciones Exteriores, Cheney se jactó de que,
“eso no nos detendrá. . . estamos
avanzando. . . el Presidente ya tomó su
decisión”.
En pocas palabras, el propio boquiflojo de Cheney, al alardear que la Casa
Blanca desatenderá la resolución del Senado contra el aumento de
tropas de Bush, sólo horas después de que una comisión del
Senado aprobara la medida bipartidista de Biden, Hagel y Levin,
está creando la “tormenta perfecta” que podría por fin
sacarlo.
La revelación del papel que tuvo Cheney en el escándalo de
Libby y su desprecio atroz por la función del Congreso, le presenta a la
familia Bush —que fue la que lo reclutó para diseñar la
campaña presidencial de George W. Bush en el 2000— la oportunidad
de actuar para botarlo.
Esto no es cuestión de partidismo ni de venganza política,
sino de interés nacional. Conforme un segundo portaaviones se dirige al
golfo Pérsico y la Casa Blanca repite a diario sus amenazas contra
Irán, el mundo entero reconoce que la única forma de parar un
ataque contra Irán es enjuiciando a Cheney, quien ahora dirige, como en
el caso de la guerra de Iraq, al “equipo” y la política del
“cambio de régimen” en Irán.
Éste es el momento
Los corifeos —en especial los que favorecen las directrices
“gallinazis” de Cheney— dicen que un juicio político es
improbable, porque el Vicepresidente es un “funcionario
constitucionalmente elegido” al que sólo puede destituirse con un
proceso penal o con su renuncia voluntaria. Pero la cosa cambió con la
exposición inicial del fiscal especial en el juicio contra Libby el 23 de
enero, en el que reveló que Cheney le escribió de su
puño y letra un memorando a Libby para desacreditar a Wilson.
Fitzgerald no sólo dio a conocer el memorando, sino que acusó a
Libby de haber “destruido” la prueba incriminatoria.
Sin embargo, con una combinación de métodos para recuperar
información electrónica y el testimonio de testigos que
también sabían del memorando, Fitzgerald pudo plantear el asunto
en su exposición.
Ahora bien, para todos aquellos que dicen que “un juicio está
fuera de debate”, uno debe preguntarse: ¿cómo hubiera
procedido el juicio contra la gente de Richard Nixon, Haldeman, Ehrlichman y
demás, de haberse dado a conocer una nota del Presidente escrita por su
propia mano, en la que les ordenara irrumpir en las oficinas del Comité
Nacional Demócrata en el hotel Watergate?
Los enterados en Washington dicen que la familia Bush podría ser el
factor decisivo para deshacerse de Cheney, posibilidad que se debate en los
medios.
El 25 de enero Keith Olbermann, presentador del programa de
televisión de MSNBC, “Countdown”, presentó un segmento
de cinco minutos titulado, “¿Debe irse Cheney?” Ahí
señaló al viejo agente de la familia Bush, James Baker III, como
la persona que trató —pero falló— de salvar a G.W.
Bush del desastre de Cheney. Olbermann empezó diciendo: “Parte por
parte, los testimonios en el juicio de Scooter Libby están desmantelando
la ya destartalada reputación del Vicepresidente de la nación, que
lo presentan consumido por la venganza contra un serio crítico
creíble de sus intentos por vender la guerra”.
Más adelante, Olbermann dijo: “Otro amigo de este programa,
Craig Crawford, informó hoy que Jim Baker no sólo dirigió
el Grupo de Estudio sobre Iraq, también encabezó una suerte de
intentona privada por zafar al Presidente de la influencia e ideología
del señor Cheney, a juzgar por lo que el Presidente pretende hacer ahora
en Iraq, a la luz de lo de la Comisión Baker”.
La frase que cada vez más se escucha en los pasillos del Congreso y
en Washington es: “Éste es el momento”. La usan los
republicanos en sus llamados a la familia Bush para salvar al partido y el
legado de Bush sacando a Cheney. Y se ha escuchado en las audiencias
públicas del Congreso, como en la votación del 24 de enero en la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la resolución
propuesta por Biden, Hagel y Levin, que repudió el aumento de tropas de
Bush en Iraq. Los senadores dijeron que “éste es el momento”
de que el Congreso actúe con decisión, por ejemplo, para limitar
el número de tropas en Iraq o recortar los fondos para la guerra, con el
uso del “poder del bolsillo”.
Enjuicien a Cheney, pero ya
Según una fuente de inteligencia de Washington, la
pregunta principal desde el primer día en el juicio de Libby era:
“¿Por qué no se encausó al Vicepresidente junto con
Libby?” Al parecer Fitzgerald no quería influenciar el resultado de
las elecciones intermedias del 2006 al presentar una acusación antes de
la votación, pero ya no hay ningún obstáculo. Y, de hecho,
el propio electorado podría desencadenar esto.
En tres días de juicio se presentaron pruebas de que Cheney era
quien estaba obsesionado con desacreditar a Wilson, y que fue él en
persona quien dirigió la campaña en su contra, que incluyó
“descubrir” a Plame (quien, irónicamente, ¡buscaba armas
de gran poder destructivo en Irán!).
Hasta Voice of America, un servicio noticioso del gobierno,
señaló a Cheney. El 26 de enero un artículo inusitado,
firmado “por VOA News”, decía: “Una ex vocera del
vicepresidente Dick Cheney dijo que ella le informó a él y a su ex
oficial mayor, Lewis ‘Scooter’ Libby, de la identidad de una agente
de la CIA que estaba casada con un crítico del Gobierno de
Bush.
“[Cathie] Martin testificó que ella le informó a Cheney
y a Libby de la identidad de Plame, luego de que se enteró por un
funcionario de la CIA. También dijo que Cheney personalmente
dirigió la tarea de desacreditar los argumentos de
Wilson”.
Tras la revelación de Fitzgerald del memorando de Cheney, que
escribió durante un viaje a Norfolk, Virginia, en el que lo
acompañaron Cathie Martin y Libby, crece la presión para
enjuiciarlo.
El Congreso actúa
El estallido político del proceso contra Libby viene
acompañado de medidas que miembros del Congreso estadounidense
están tomando para parar la demencia porfiada de Bush en el golfo
Pérsico, tanto en su aumento de tropas en Iraq, como en su negativa a
usar la diplomacia con Irán y Siria para buscarle un salida al conflicto
en Iraq.
El 24 de enero la votación de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado a favor de la Resolución Concurrente contra el
aumento de tropas, fue una prueba de lo que Lyndon LaRouche ha denominado como
la “nueva política” que surgió tras las elecciones
intermedias del 7 de noviembre de 2006.
Con una votación de 12 contra 9, la comisión aprobó la
propuesta de Biden, Hagel y Levin, que establece: “No está en el
interés nacional de EU profundizar su involucramiento militar en
Iraq”. Algo muy revelador fue el hecho de que, de los diez republicanos de
la comisión, sólo uno, el senador David Vitter, apoyará de
manera explícita el aumento de tropas de Bush.
Pero más imperiosas que las palabras frías de una
resolución por consenso, fueron las tres horas de debate que sostuvieron
los 21 miembros de la comisión. Ahí, la cuestión medular
fue la adopción del informe de Baker y Hamilton, y del Grupo de Estudio
sobre Iraq, como política nacional.
Otra propuesta bipartidista del Senado de gran importancia en contra
del aumento de tropas, es la que sometió el senador republicano John
Warner, quien encabeza la Comisión de Servicios Armados del Senado, y es
ex secretario de Marina y uno de los republicanos de mayor peso en el Congreso.
La propuesta también cuenta con el patrocinio de los senadores
republicanos Susan Collins y Norm Coleman, y del demócrata Ben
Nelson.
El 22 de enero, al anunciar la propuesta, Warner dijo que no la
sometería a votación hasta que el Senado debatiera la de Biden,
Hagel y Levin. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el
demócrata Joe Biden, dijo que, en ciertos aspectos, la propuesta de
Warner es más dura que la suya, y que estaría dispuesto a elaborar
una propuesta común con él.
Pero estas dos propuestas no son más que la punta del
témpano. Se han presentado cuatro propuestas más para impedir una
guerra contra Irán:
• la Resolución Concurrente 43 de la Cámara de
Representantes que sometieron Ron Paul y otros diez representantes, la cual pide
adoptar la recomendación de la Comisión de Baker y Hamilton de
usar la diplomacia con Irán y Siria;
• la Resolución 39 del Senado que sometió el senador
demócrata Robert Byrd, la cual aborda la nececidad de que el Congreso
dé su aprobación antes de que la Casa Blanca pueda emprender una
ofensiva militar contra cualquier otra nación;
• la Resolución Concurrente 33 de la Cámara de
Representantes que sometieron Peter DeFazio y diez representantes más, la
cual dice que el Presidente no debe tomar medidas militares contra Irán
sin la autorización del Congreso; y
• la Resolución Conjunta 13 de la Cámara de
Representantes que sometieron Walter Jones y otros 18 representantes, la cual
pretende impedir que se emprenda una ofensiva militar contra
Irán.
Sin embargo, impera la seria preocupación de que estas medidas no
basten y no sean lo suficientemente oportunas. Muchos observadores creen que
sólo si se actúa de inmediato para destituir al Vicepresidente
mediante un juicio políticos, podría protegerse a la nación
del desastre de una guerra contra Irán.
Con ese ánimo en el país, no es de sorprender que el 25 de
enero el Congreso haya intensificado la resistencia:
• La Comisión Judicial del Senado programó una
audiencia para el 30 de enero, titulada “El poder del Congreso para
ponerle fin a una guerra”. Su presidente, el demócrata Russ
Feingold, dijo: “El Congreso tiene el poder del bolsillo , y si el
Presidente se empeña en proseguir con su política fracasada en
Iraq, tenemos la responsabilidad de usar ese poder para redesplegar de forma
segura nuestras tropas de Iraq. Esta audiencia ayudará a informar a mis
colegas y al público sobre el poder del Congreso para ponerle fin a una
guerra, y cómo ese poder se ha usado en el pasado”. Entre los
testigos que hablarían, estaba el profesor Walter Dellinger de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, un ex procurador general de EU y
experto en juicios políticos.
• El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de
Representantes, el demócrata John Conyers, anunció que su
comisión convocaría a audiencias a partir del 31 de enero, sobre
el abuso desaforado del presidente Bush de las “declaraciones de
salvedad”, y su argumento de que estos documentos le confieren el poder de
pasar por encima de las leyes aprobadas por el Congreso.
Los comentaristas de inmediato señalaron que, con estas audiencias,
el enjuiciamiento está de nuevo “sobre el tapete”.
Entonces, el 26 de enero, el demócrata Jay Rockefeller, presidente
de la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado, acusó a Dick
Cheney de haber obstruido y demorado la “fase II” de la
investigación de esta comisión del Senado, del uso indebido de la
inteligencia de guerra sobre Iraq. Los observadores dicen que esta
acusación, de probarse, bordea en los “delitos e infracciones
penales graves”, que es el requisito constitucional para emprender un
juicio político.
Un debate encarnizado
Cuando el senador Richard Lugar de Indiana, el principal republicano en la
Comisión de Relaciones Exteriores, presentó una tibia
oposición a la resolución de Biden, Hagel y Levin, porque
“profundizaría la división” entre el Poder Legislativo
y el Ejecutivo en cuanto a Iraq, su opositor más fuerte fue su colega
republicano Chuck Hagel de Nebraska. Hagel, un héroe de la guerra de
Vietnam, aventuró la idea de que cualquier senador puede seguir guardando
silencio en cuanto a Iraq. La nación ha pasado el momento de una
división, dijo Hagel, y la pregunta es: ¿participará en
algún momento el Congreso? Citó la afirmación del senador
Warner de que, “somos un poder igual. . . [según] el
Artículo I de la Constitución”.
Hagel continuó, aun con más pasión, para exigir que
los 100 senadores subieran a la palestra a tomar esta difícil
decisión: “¿Quieren un trabajo seguro? Pónganse a
vender zapatos”. Tildó el cuestionamiento de los motivos y del
patriotismo de los patrocinadores de la resolución de “ofensivo y
repugnante”, y dijo que el pueblo estadounidense aventajaba con mucho al
Congreso en reconocer el fracaso del Gobierno en Iraq. Advirtió que el
Congreso no enviará más soldados estadounidenses a “esa
trituradora”.
Hagel dijo querer que “todos los senadores vean hacia la
cámara” y le digan a la gente en casa lo que piensan.
“¡Ya no se escondan!” El plan del Presidente haría el
mundo mucho más peligroso, y más para EU, afirmó Hagel.
“Lean el informe de Baker y Hamilton”, añadió, un
comentario que casi fue la norma de todos los que apoyaron la resolución,
y aun de algunos de sus oponentes.
Desde veteranos de Vietnam como los demócratas John Kerry y James
Webb, y el republicano Hagel, hasta la senadora demócrata Barbara Boxer,
quien dejó callada a la oposición cuando reveló que su
estado es el que ha sufrido más bajas de soldados en Iraq, el debate
representó una hora de orgullo para los ciudadanos
estadounidenses.
El senador Russell Feingold quiere que el Congreso corte el financiamiento
luego de cierto momento, y Kerry cautivó los sentimientos de todos cuando
dijo: “Éste es nuestro momento y nuestra hora”.
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