Londres es el responsable de las atrocidades en Argentina

Cuando el juez federal argentino Raúl Acosta ordenó el 12 de enero el arresto de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, achacándole las atrocidades que se llevaron a cabo durante su Gobierno de 1974–1976, se desató una tromba política en el país, al tiempo que atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales. “Isabelita”, como la llama la gente, de 75 años de edad, llegó a la presidencia en 1974, tras la muerte de su esposo, el tres veces presidente Juan Domingo Perón. Derrocada por un golpe de Estado militar el 24 de marzo de 1976, se fue al exilio en España luego de pasar ocho años en prisión.

Acosta, y unos días después el juez federal Norberto Oyarbide, acusó a la señora Perón de haber emitido tres decretos como presidenta que, con el uso de las palabras “aniquilamiento del accionar subversivo”, autorizó las actividades de los escuadrones de la muerte de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y el establecimiento de centros de detención ilegal en varias regiones del país. Bajo la dirección del ocultista fascista José López Rega, quien fungía como ministro de Bienestar Social, la AAA secuestró, torturó y asesinó aproximadamente a 2.000 personas en un período de 30 meses en 1974–1975, una probadita de la masacre que vendría con la Operación Cóndor tras el golpe de 1976.

La orden de arresto del 12 de enero encendió un acalorado debate en Argentina, en el que facciones de todo el abanico político tomaron bando en contra o a favor de la inocencia o culpabilidad de Isabel, sobre lo que sabía y lo que no, qué otros ministros estuvieron implicados, etc.

Pero, como Lyndon LaRouche señaló el 16 de enero, todo esto es un fraude que está usándose para encubrir a los verdaderos responsables de las atrocidades cometidas en Argentina, que comenzaron mucho antes del Gobierno de Perón, y que continuaron después del mismo. Como preguntó el abogado de la señora Perón, Atilio Neira, ¿por qué no están investigándose las conexiones internacionales de López Rega?

La oligarquía financiera angloholandesa con sede en Londres y elementos sinarquistas aliados, entre ellos los infiltrados en el Opus Dei “católico” y los de la logia fascista Propaganda 2 (P–2), fueron los que dirigieron las actividades de los escuadrones de la muerte en Argentina para imponer políticas económicas librecambistas y desmantelar al Estado nacional soberano. La misma terna que instaló al fascista chileno Augusto Pinochet en el poder con el golpe de 1973 y que respaldó su represión fascista —los ex secretarios de Estado George Shultz y Henry Kissinger, y el financiero sinarquista Félix Rohatyn—, estuvo en el centro de los acontecimientos que llevaron a la “guerra sucia” de los 1970 y 1980 en Argentina.

Según Robert Hill, ex embajador de EU en Argentina después del golpe de 1976, fue el propio Kissinger quien, en junio de 1976, le pidió al Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina “acabar con el problema” de la subversión, con la exigencia de que fuera “rápido”. El compinche de David Rockefeller y Kissinger que devino en Ministro de Economía de la junta militar de 1976–1983, el recluta británico José Martínez de Hoz, no sólo impuso las directrices económicas de la Universidad de Chicago de Shultz, sino que apoyó la salvaje represión “antisubversiva”.

Como señaló el presidente Néstor Kirchner el 24 de marzo del 2006, en un discurso en que rememoraba el 30 aniversario del golpe de 1976, De Hoz representó a esos “poderosos intereses económicos” y al “nacionalismo ultramontano” que tocaron a “la puerta de los cuarteles” para exigir un golpe. Usaron el poder militar porque, “sólo así podían imponer un proyecto político y económico que remplazara al proceso de industrialización sustitutivo de importaciones por un nuevo modelo de valorización financiera y ajuste estructural”.

Conocido como el “Brujo”, José López Rega pertenecía a la P–2, cuyo cabecilla Licio Gelli era un protegido del Opus Dei, el cual históricamente ha encubierto a una serie de elementos fascistas y sinarquistas que operan internacionalmente.

Gelli engatuzó a un débil y vulnerable Juan Perón durante los últimos años de su exilio en España, y usó a López Rega, quien se había vuelto indispensable para el matrimonio Perón en Madrid, para ganar cada vez más control de las dos presidencias de los Perón entre 1973 y 1976. Miembros de la P–2, como el almirante Emilio Massera, fueron colocados en ministerios clave de ambos gobiernos.

La red del Opus Dei y los agentes sinarquistas a los que estaba ligado López Rega, tanto en Europa como en las Américas, incluye a personajes tales como el fascista italiano Stefano Delle Chiaie, y diversos nazis y falangistas con antecedentes terroristas y participación en el derrocamiento de gobiernos. Era bien sabido que la AAA colaboró con la DINA de Augusto Pinochet, la policía secreta que precedió a la Operación Cóndor y con la que Delle Chiaie colaboró de manera estrecha.

Las agencias de inteligencia militar que infiltraron tanto a la derecha como a la izquierda en Argentina obviamente ayudaron a tramar los crímenes de la AAA. Pero esta clase de atrocidades de ningún modo comenzó con López Rega o el Gobierno de Isabel Perón. Agentes “católicos” antisemitas ligados al Opus Dei, junto con redes fascistas francesas y españolas, le habían clavado el diente a los círculos civiles y militares argentinos décadas antes.

Le achacan a Isabel Perón las atrocidades que cometieron los escuadrones de la muerte en Argentina, mismas que comenzaron antes de que ella llegara a la presidencia, y continuaron luego del golpe militar que la derrocó.

Tampoco se limitaron a definir la ideología de la ultraderecha. Muchos de los dirigentes de clase media alta, bien educados, de los grupos guerrilleros izquierdistas de Argentina, entre ellos los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), comenzaron como miembros del grupo “católico nacionalista” Tacuara, de inclinación nazi, cuyo consejero espiritual era el sacerdote fascista antisemita Julio Meinvielle. Más tarde se autoproclamaron como “marxistas” y “revolucionarios”. Así, a los sinarquistas de “izquierda” y “derecha”, de quienes combatieron unos contra otros a principios de los 1960, los parió la misma madre.

A fines de los 1950 y principios de los 1960, miembros de la Organización Ejército Secreto (OES) de Francia, la agrupación sinarquista que ideó la política de tortura y desapariciones que se aplicó en la guerra de Argelia en los 1950, y que en varias ocasiones trató de asesinar al presidente francés Charles de Gaulle, empezó a adiestrar al Ejército argentino en estas mismas tácticas “contrarrevolucionarias”. Por años, oficiales de la OES pasaron por el Colegio Superior de Guerra de Argentina, donde le dieron clases a toda una generación de oficiales militares, varios de los cuales se convirtieron en miembros de la junta que derrocó a la señora Perón en 1976. También hubo grupos de oficiales argentinos que viajaron a Francia para continuar su adiestramiento.

Se responsabiliza a la señora Perón de la notoria “Operación Independencia” de 1975, la limpia antisubversiva en la provincia de Tucumán que se caracterizó por los arrestos indiscriminados, la tortura y los centros de detención clandestinos. Pero su principal arquitecto fue el brutal y sádico general Acdel Edgardo Vilas, quien se jactaba de dirigir un “gobierno paralelo” en Tucumán para sacarle la vuelta a las normas que se establecieron tras aprobarse los tres decretos de 1975, que aseguraban que los acusados de actividades subversivas enfrentaran un juicio legal y gozaran de garantías constitucionales.

Fue el Opus Dei el que controló al régimen militar de 1966–1970 del general Juan Carlos Onganía, conocido como el “Franco argentino”, en cuyo Gobierno el secuestro y el asesinato devinieron en prácticas comunes. Su gabinete en gran medida lo integraban miembros del Opus Dei, así como de los cursillos de cristiandad integristas, fundados originalmente en la España de Franco, y la sinarquista Cité Catolique francesa, que también estableció células en las Fuerzas Armadas.