Iberoamérica
La Presidenta de Argentina desafía al Imperio Británico
por Cynthia R. Rush
A principios de marzo el Imperio Británico trató de desatar una "guerrita" entre Colombia y Ecuador para sabotear la integración regional y la incipiente consolidación del Banco del Sur. Cuando algo de diplomacia regional desactivó esa opción (al menos por el momento), Londres pronto puso en la mira a Argentina, con la intención de reventar ese país mediante una huelga de "productores agrícolas" fabricada para desestabilizar —e incluso derrocar— al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Presidenta argentina, al igual que su esposo y predecesor en el cargo, Néstor Kirchner, se ha convertido en una líder clave de la pelea por la integración regional y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento independiente, a través del informal "Club de Presidentes" iberoamericanos. Las intrigas británicas contra Colombia, Ecuador y Venezuela ya han desviado la atención de ese programa, y una desestabilización de Argentina representaría otro golpe a ese proceso.
El instrumento que la City de Londres blande en Argentina es la Sociedad Rural, un bastión del liberalismo británico que representa a la oligarquía terrateniente, la cual piensa que el error más grande del país fue aspirar a industrializarse, en vez de continuar como una "plantación" de Gran Bretaña. La Sociedad Rural fue la que apoyó a José Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura militar de 1976–83, cuando desmanteló la agricultura familiar tradicional de Argentina con la aplicación brutal de las directrices librecambistas de Londres y Wall Street.
¿Y por qué no? Después de todo el tatarabuelo de Martínez de Hoz, del mismo nombre, fundó la Sociedad Rural en 1866, y el bisnieto "Joe", como lo conocen sus amigos, presidió la sociedad de 1945 a 1950. Desde 1976, como ministro de Economía de la junta militar, a Joe se le escuchaba quejarse de que el "enorme consumo interno de alimentos" de Argentina era un obstáculo a la ampliación de las exportaciones agrícolas. Que el "mercado" decida todo, afirmaba, aunque la gente se muera de hambre. Mientras quintuplicaba la deuda externa del país, Martínez de Hoz se entretenía desmantelando las agencias reguladoras del Estado que protegían el aparato productivo nacional.
El régimen "democrático" de los 1990 que le siguió, el de Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, le dio el tiro de gracia a la agricultura al continuar la política de Martínez de Hoz. Esto le abrió la puerta a los carteles graneleros, los fondos especulativos y los propios especuladores que controlan el lucrativo monocultivo de la soja en el país. Muchos pequeños agricultores que se las arreglaron para sobrevivir al hacha de Cavallo, pescaron la "fiebre de la soja", convencidos por los grandes terratenientes y sus socios de negocios de que este cultivo era una prueba de la modernización, en tanto que la producción de alimentos para el consumo humano era algo "atrasado".
Esto explica cómo muchos pequeños productores acabaron liándose con su antigua enemiga, la Sociedad Rural.
El freno a la producción de soja
El 12 de marzo la Sociedad Rural se unió a la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para forzar el cierre de los mercados agrícolas, en patente oposición al anuncio que había hecho el día anterior el ministro de Economía, Martín Lousteau, de que el gravamen a la exportación de semilla de soja y de girasol aumentaría entre 35 y 45%, con una "retención móvil".
Lousteau explicó la necesidad del impuesto para impedir que el disparo en el precio internacional de los productos se repitiera en el mercado nacional, y para asegurar una distribución del ingreso más equitativa. Tales medidas eran necesarias para frenar el monocultivo de la soja, que ha desplazado la cosecha de otros alimentos más tradicionales y amenazado la dieta de la población. Éste es el primer paso tal que el Estado ha dado para enfrentar este problema desde 1995 y, aunque modesto, es como una bendición para los nacionalistas.
El Ministro de Economía fue categórico en que, sin el impuesto a las exportaciones, la inflación sería mucho mayor. Pero, si fuera por los productores de soja, "no tendría que haber ningún tipo de retenciones, y si la soja llega a valer 10.000 dólares la tonelada, quedarse con la renta y que sólo se siembre soja", dijo. El Gobierno argentino no comparte esta visión egoísta, afirmó, y les guste o no, "el deber del Estado es ser árbitro del bienestar general".
La presidenta Fernández indicó más tarde que la política fiscal no es "antisoja", dijo, sino " pro Argentina". El pueblo necesita comida de verdad.
Pero esto no les importó a los terratenientes, quienes cerraron los caminos para impedir que los camiones que transportan alimentos y ganado llegaran al mercado, lo cual generó escasez en todo el país. Millones de toneladas de alimentos se pudrieron en los camiones y tuvieron que tirarse. Incapaces de conseguir alimento para sus animales, los avicultores y ganaderos se vieron obligados a sacrificarlos. El desabasto afectó a escuelas y hospitales, en tanto que algunos negocios que dependen de la agricultura empezaron a despedir personal.
Un paro político
Los productores confiaban en que podrían chantajear al gobierno para que se retractara del aumento de impuestos en nombre de la "justicia", alegando que se les estaba "persiguiendo". Mientras la prensa local tachaba a la Presidenta de "arrogante" y "autoritaria", el alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri, quien comparte la perspectiva feudal del alcalde de la Ciudad de Nueva York Michael "Mussolini" Bloomberg, proclamó su vociferante apoyo a "los agricultores".
En varias manifestaciones a las que se convocó durante el bloqueo, los miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) estuvieron presentes en compañía de nada menos que la Reina de Inglaterra en persona, quien llamaba ansiosa a sus amigos de la Sociedad Rural, así como a Martínez de Hoz y sus aliados oligarcas.
Dada la ralea de los partidarios del bloqueo, Fernández tuvo razón en afirmar, en un combativo discurso que dio el 27 de marzo ante un gran contingente de simpatizantes, que éste era un paro político. No tiene nada que ver con gravar las exportaciones, dijo, y sí todo con el "modelo económico" que ha adoptado, en función de una política de inclusión social, distribución más justa del ingreso y ampliación del desarrollo económico. Explicó que su Gobierno siempre verá por el pequeño agricultor. Pero, en una obvia referencia a los intereses oligárquicos que tramaron el paro, dijo que hay que ser francos, "detrás de los pequeños productores se esconden otros intereses, los de los grandes pools (consorcios—Ndr.) que son los que están diciendo que es el Estado el que se quiere llevar toda la ganancia".
Fernández expresó su disposición a negociar, pero no "con una pistola en la cabeza". Los productores deben ponerle fin al paro, así como a su extorsión de la población, para que haya cualquier diálogo significativo. Aunque inisistió que no eliminaría el impuesto, dos días después anunció un paquete de medidas para abordar las necesidades específicas de los agricultores más pequeños, entre ellas subsidios al transporte y reducciones impositivas automáticas. Los productores respondieron que las medidas eran "insuficientes".
'No los voy a traicionar'
En medio del paro, Argentina recordó el 26 aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, cuya devastación económica y brutalidad castrense siguen grabados en la memoria nacional.
El 1 de abril, ante cerca de 350.000 de sus partidarios que se reunieron en la histórica Plaza de Mayo, la combativa Presidenta ligó públicamente a los organizadores del paro agrario con los acontecimientos que llevaron a ese golpe de 1976. Recuerden lo que pasó en febrero de 1976, le dijo a la multitud, "también hubo un lockout (huelga agrícola—Ndr.) patronal" contra la entonces presidenta Isabel Perón. "Las mismas organizaciones que hoy se jactan de poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo, llamaron también a un lockout patronal allá por febrero del 76. Un mes después, [sufrimos] el golpe más terrible, la tragedia más terrible que hemos tenido los argentinos".
En los 21 días que llevamos de paro, continuó Fernández, "he visto nuevamente el rostro de un pasado" —el de los que defendieron e instigaron los actos de la dictadura militar de 1876–1983— "que pareciera querer volver". Pero no se preocupen, dijo, "ese pasado que quiere volver no va a poder, porque ha cambiado la Argentina, ha cambiado el mundo y hemos cambiado también todos nosotros".
El mensaje de la Presidenta argentina fue inequívoco: los intereses oligárquicos que urdieron el paro la quieren fuera del camino. Sé que hay un costo personal "cuando uno elige el camino del pueblo", dijo, "pero tengo la convicción, tengo la fuerza y tengo el coraje para llevar adelante el mandato que me confirió el pueblo argentino. No lo voy a traicionar".
Los argentinos seguirán construyendo un país fuerte y respetado en el mundo, dijo, "para que nuestra voz sea escuchada en todos los foros denunciando la vergüenza del enclave colonial en el siglo 21".
Al día siguiente, que fue el 26 aniversario de la recuperación de las islas Malvinas, la cual acarreó una guerra con Gran Bretaña, las organizaciones agrarias anunciaron la suspensión del paro por 30 días, pero advirtieron que, de no ver soluciones aceptables, lo reanudarían.