La privatización acaba con la salud en EU


Washington, la capital de los Estados Unidos

por Edward Spannaus y John Hoefle

El plan de privatización del sistema de salud pública de Washington, la capital de los Estados Unidos —impuesto por un procedimiento corrupto que el Congreso se negó a anular, pese a tener tanto el poder como el deber de hacerlo— ha entrado ya en su fase final de desplome acelerado.

El Greater Southeast Community Hospital, pieza central de este plan, está en quiebra y sólo funciona "al diario", a un nivel mucho muy reducido, como resultado del procedimiento de bancarrota entablado el 20 de noviembre por su entidad propietaria, la Doctors Community Healthcare Corporation (DCHC), con sede en Arizona. La quiebra de la DCHC ocurre apenas días después de quebrar también su entidad hermana, la National Century Financial Enterprises (NCFE), que tomó la misma acción el 18 de noviembre, tras de que el FBI allanara su sede en el estado de Ohio.

Todo esto lo previó y pronosticó, desde hace año y medio, el movimiento de Lyndon H. LaRouche, que organizó la resistencia popular al cierre del Hospital General de Washington, D.C. (el D.C. General) y puso al descubierto las operaciones turbias tanto de la DCHC como de la NCFE. EIR informó en su momento que ambas entidades se dedicaban nada más que a "extraer botín de los hospitales e instituciones de salud de los que dependen las vidas y el bienestar de miles de pacientes y ciudadanos".

Aunque todo esto ya se sabía, el trato sucio fue impuesto por la Junta de Control Financiero de Washington, controlada desde Wall Street, que supervisa las finanzas de la ciudad, con la anuencia del alcalde Anthony Williams, dilecto delDemocratic Leadership Council (DLC). Después de que se apoderaron del Senado el republicano John McCain y el demócrata Joe Lieberman, la pandilla del DLC eliminó todo debate del tema en el Congreso, y Eleanor Holmes Norton, delegada de D.C. al Congreso, demandó que éste no se metiera, por tratarse de un "asunto administrativo interno".

La farsa del Greater Southeast

No sólo se suponía que el Greater Southeast, bajo la administración de la DCHC, "sustituyese" los servicios que antes prestaba el calificadísimo D.C. General —cosa que nunca hubiera logrado— sino que además era la pieza central de la llamada Alianza de Salud de Washington, D.C., que había de fungir como entidad de administración de salud pública para los sectores de bajos ingresos de la capital.

A principios de este año el Greater Southeast fue rebajado de calificación por el organismo oficial que acredita las instituciones de salud pública, por habérsele hallado multitud de infracciones de salud y seguridad durante la inspección. Irónicamente, la siguiente inspección ocurriría durante la semana del Día de Acción de Gracias (25 de noviembre), fechas en que el hospital ni siquiera podría darse abasto para atender su menguante número de pacientes.

La sala de urgencias del Greater Southeast estuvo cerrada buena parte de la semana del 17 al 23 de noviembre, se cerró la unidad de pediatría, y tres puestos de enfermería se consolidaron en uno solo. El administrador del hospital dijo que seguirá funcionando "al diario", y que si no hay fondos para pagar la nómina, habrá que cerrarlo.

El cierre inminente del Grater Southeast de nuevo ha sumido en crisis los servicios médicos de emergencia en el distrito capitalino, igual que ocurrió con el cierre del D.C. General a mediados de 1991. Los médicos de urgencias del Greater Southeast son contratistas de PhyAmerica, que a su vez ha entrado en quiebra porque National Century no le ha pagado. El hospital de la Universidad Howard, el único que queda en la parte oriental de la ciudad, ha tenido que desviar ambulancias de su sala de urgencias, que permanece copada. El Washington Hospital Center ha anunciado que no aceptará más pacientes que no sean de urgencia, porque Greater Southeast ha dejado de pagarle.

Varios concejales están iracundos, y señalan su oposición unánime al plan de privatización del año pasado. El concejal David Catania, quien publicó un expediente sobre la DCHC y la NCFE, dijo que "la Junta de Control y la Alcaldía no nos escucharon cuando les dijimos que sucedería esto". "Estoy asqueada", dijo la concejal Sandy Allen, patrocinadora de muchas audiencias sobre el D.C. General y el plan de privatización el año pasado.

Las repercusiones del desplome de National Century ahora se sienten en todo el país. Mínimo, otros cuatro administradores de servicios de salud han entrado en quiebra, entre ellos PhyAmerica; la unidad Tender Loving Care, de Med Diversified; y también el Lincoln Hospital Medical, de Los Angeles.

También peligran otros cientos de clientes de National Century, que edificó su emporio con crédito avalado por las cuentas por cobrar de sus administrados. "Es una estocada al corazón de estas instituciones", dijo un portavoz de la Asociación de Hospitales de los EU, agregando que muchas de ellas ya de por sí se hallaban a punto de caer.

NCFE: el lado mortal de la burbuja

Lyndon LaRouche viene diciendo desde hace tiempo que lo más mortal no es en sí el desplome de la más grande burbuja financiera mundial de la historia. Son los esfuerzos por mantener inflada esa burbuja los que pueden medirse en el número de vidas desperdiciadas, destruidas o perdidas. La bancarrota y escándalo en torno al NCFE ofrece un panorama de cómo funciona este proceso destructivo.

Inmediatamente después del cuasiderretimiento del sistema financiero mundial en septiembre de 1998, los principales bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal estadounidense, imprimieron y pusieron en circulación algo que el megaespeculador y narcotraficante George Soros olímpicamente llamó "un muro de dinero", como esfuerzo desesperado por postergar el reventón total. Parte de ese "muro" se le infundió a los sistemas bancarios, que los usaron para abrir conductos más amplios para el flujo de los ingresos existentes a las arcas de los bancos. Algunas de estas medidas fueron legales; otras sólo se permitieron porque el Congreso acabó por legalizarlas, al ir desmantelando de manera sistemática todas las precauciones antes existentes. De 1998 en adelante se adoptó la política de pedir, prestar o robar lo que hiciese falta para arrojárselo a la burbuja insaciable.

Fue esta combinación de política monetaria, liberalización y saqueo de activos financieros lo que creó la burbuja de las corporaciones "punto com", la burbuja del sector telecomunicaciones, de índole parecida, y la de los piratas de la energía, tales como Enron, en Wall Street; todas ellas han reventado ya, delatándose como los fraudes que LaRouche advertía que eran. Ahora, con la quiebra de la NCFE, sale de las sombras otro aspecto de todo aquel proceso de saqueo desatado a partir de 1998.

La NCFE era, básicamente, un "factor" financiero, que le adelantaba capital a los hospitales, médicos y demás elementos de salud a cambio de sus cuentas por cobrar; después, ponía esos activos en fondos, y emitía valores derivados, conocidos como valores basados en activos, sobre la aseguranza de los pagos de seguros cobraderos.

Cuando Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal, habla de cómo el mercado de derivados ha salvado el sistema financiero mediante la dispersión del factor de riesgo, uno de los elementos que tiene en mente, sin duda, es el mercado de valores basados en activos, que ha doblado en tamaño desde 1998. Para el segundo trimestre de 2002 había 1,4 billones de dólares en valores basados en activos aún pendientes, según la Asociación del Mercado de Bonos. De ese total, el 29% —394.000 millones de dólares— eran valores basados en tarjetas de crédito; otro 17% —234.000 millones de dólares— eran derivados de hipotecas por pagar; y 14% —205.000 millones— de préstamos de compra de automóviles.

Los valores basados en activos representan apenas el 7% del mercado de bonos estadounidense, por valor de unos 20 billones de dólares. Como tal, se quedan muy atrás de los 4,5 billones de dólares en bonos hipotecarios, o los 4 billones en bonos empresariales; no obstante, juegan un papel muy importante en lo que cortésmente llaman "gestión de riesgo". En años recientes, los bancos comerciales han estado activamente convirtiendo toda su cartera de tarjetas de crédito y otros préstamos, en valores basados en activos, que le venden a las casas de inversión.

Ahí está el detalle

Lo que hacía la NCFE era prestarle a los hospitales, asilos de ancianos y demás establecimientos de salud el dinero necesario para solventar la brecha entre la fecha en que prestan el servicio y la emisión del reembolso correspondiente por parte de la compañía de seguros. Entre más lentamente recibían esos pagos, peor su condición financiera; y, puesto que las organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO) son notorias por dilatar los reembolsos, las HMO le crearon a la NCFE el nicho para "tapar el hueco". . . por una módica comisión, claro. Ante la acuciante necesidad de fondos líquidos, más de cien grandes establecimientos de salud adquirieron los servicios de NCFE, que compró 15.000 millones de dólares en activos por pagar y emitió 6.000 millones en valores basados en activos desde que se fundó, en 1991.

En tanto compañía privada exenta de rendir informes a la Comisión de Valores y Cambios, las operaciones de la NCFE permanecieron secretas en gran medida. Pero se puede adivinar mucho de darle un vistazo a su junta directiva, en que figuran cuatro fundadores de la empresa y dos ejecutivos del banco J.P. Morgan-Chase, que controla el 16% de la compañía mediante su fondo privado de inversiones Beacon Group III. Entre los principales compradores de los bonos figura PIMCO, subsidiaria de la aseguradora Allianz, tercera institución financiera del mundo; Alliance Capital Management, brazo de la gigantesca aseguradora francesa Axa; e ING, conglomerado bancario y asegurador holandés.

Con todo, la NCFE tiene todas las marcas distintivas de una gran operación de saqueo, cuya existencia ha servido para desviar una buena porción de los ingresos del sector salud a las arcas de algunas de las mayores instituciones financieras del mundo. Ahora ha entrado en quiebra, iniciando una ola de bancarrotas que se propaga entre los establecimientos de salud de los EU, con desastrosas consecuencias para todo el sistema de salud y los pacientes de ese país.