Internacional

 

La Sociedad Federalista: el fascismo en marcha

por Bonnie James

En el transcurso del debate en el Senado de Estados Unidos sobre la ratificación del nombramiento de Samuel Alito a la Corte Suprema, algunos senadores importantes enfocaron su atención en las opiniones fascistas del candidato, y destacaron que era miembro de la Sociedad Federalista. Pero lo que no indicaron con claridad los senadores fue la cuestión decisiva sobre esta organización relativamente obscura. La Sociedad Federalista es una agrupación de ideólogos dedicados a imponer el fascismo, y en especial las teorías de derecho fascistas del “jurista de la corona” de Hitler, Carl Schmitt, en Estados Unidos, y a destruir la república estadounidense.

 

EIR devela la conspiración

En marzo de 1998, cuando la operación subversiva para enjuiciar al ex presidente Bill Clinton estaba en su apogeo, nuestra publicación hermana en inglés, el semanario Executive Intelligence Review, publicó un artículo titulado “La operación secreta contra Clinton la dirige el mentidero de Olson y Starr”, en el que el autor Edward Spannaus identificó a una organización hasta entonces desconocida para el público en general, como la principal fuerza intelectual tras el intento de llevar a cabo un golpe frío contra el Gobierno de Clinton: la Sociedad Federalista.

Hace 24 años, en 1982, una camarilla de abogados, jueces y profesores de derecho inició un proyecto que, en el transcurso de una generación, colocaría a cientos de sus acólitos en posiciones clave del gobierno, los tribunales, las escuelas de derecho, etc., para llevar a cabo una “revolución conservadora” contra la Constitución de EU y su compromiso con defender el bienestar general, en aras de los intereses bancarios sinarquistas de Europa continental. La astutamente mal llamada Sociedad Federalista (que pretendía evocar los venerados Papeles Federalistas de los próceres Alexander Hamilton, James Madison y John Jay) fue fundada de conformidad con lo trazado por el ahora magistrado de la Suprema Corte Antonin Scalia.

Un artículo de Jeffrey Steinberg, titulado “La marcha de los fascistas federalistas a través de las instituciones”, que publicó el Comité de Acción Política Lyndon LaRouche (o LaRouchePAC) en el folleto de gran circulación, “Cheney’s ‘Schmittlerian’ Drive for Dictatorship” (El plan ‘schmittleriano’ de Cheney para imponer una dictadura), revela que la Sociedad Federalista fue iniciada por tres estudiantes de la Universidad de Yale: Steven Calabresi, Lee Liberman y David McIntosh. Más tarde, en la Escuela de Derecho de Yale, Calabresi reclutó a Robert H. Bork y a Ralph K. Winter, quienes serían nombrados jueces federales por Ronald Reagan. Antonin Scalia, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, acogió a Liberman y a McIntosh bajo su protección. Bork, Winter y Scalia llegarían a ser los primeros profesores en patrocinar a la Sociedad Federalista en sus inicios, en 1982.

En el mismo artículo, Steinberg identifica las fuentes de financiamiento de los federalistas fascistas: “La misma colección interconexa de fundaciones derechistas exentas de impuestos que ha financiado la resurrección de Carl Schmitt en las escuelas de derecho estadounidenses, ha impulsado a la Sociedad Federalista tras bastidores desde el principio”.

El ahora magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel A. Alito, y el presidente George W. Bush en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 9 de enero. El “Ejecutivo unitario” que promueve Alito es un nombre suave para dictadura. Se trata de la idea de que todo el poder reside en el ejecutivo, y hace nulo el mandato constitucional de frenos y contrapesos entre los tres poderes del gobierno. (Foto: Kimberlee Hewitt/Casa Blanca).

“Para 1998 la Sociedad Federalista recogía directamente 2,6 millones de dólares, y la cifra ha crecido de modo constante desde entonces. Entre las principales fundaciones donantes se cuentan: las fundaciones Olin, Mellon Scaife, Bradley, Eli Lilly, Richard and Helen DeVos, Charles Koch y la Deer Creek. Entre las empresas donantes financiadoras están Holland Coors, Verizon, Microsoft y Daimler–Chrysler”.

Como informó CNN el 19 de julio de 2005: “El origen de la Sociedad se remonta a 1979, un año antes de la victoria de Ronald Reagan, cuando un académico del derecho [también egresado de la Escuela de Derecho de Yale] llamado Michael Horowitz publicó un tratado sobre el movimiento del derecho de interés público, que exhortaba a los conservadores a derrocar medio siglo de dominio liberal de las instituciones jurídicas. Esto podría hacerse, escribió, adoctrinando o ganándose a las generaciones sucesivas de estudiantes de derecho, abogados y jueces. Por definición, la campaña tenía que arraigarse en el suelo fértil de las escuelas de derecho. Para la buena fortuna de Horowitz, Reagan fue elegido en 1980, y su gobierno se puso a darle vela al movimiento federalista”.

El proyecto, señaló CNN, “significó incorporar a toda una nueva generación de abogados intelectuales conservadores menores de 30 años como aprendices en el aparato de Reagan. [Esto] requería carne fresca, y ahí fue que entró la Sociedad Federalista”.

Para fines de los 1980 los retoños de la Sociedad Federalista empezaban a infiltrarse en los tribunales federales. Según Steinberg, “tan sólo en la sesion de octubre de 1988 una ‘camarilla de 10’ miembros de la Sociedad Federalista logró pasantías en la Corte Suprema”. Tras los 12 años de Reagan y Bush, los tribunales federales y las agencias reguladoras estaban, en efecto, tomadas por miembros de “la camarilla”.

No sorprende entonces que haya federalistas en el Gobierno de George W. Bush, entre ellos miembros y ex miembros del gabinete como John Ashcroft, Spencer Abraham, Gail Norton y Michael Chertoff; y funcionarios políticos tales como Larry Thompson, John Bolton, C. Boyden Gray, Timothy Flanigan y Theodore Olson.

Con la ratificación del juez Samuel Alito ahora hay 4 miembros de la Sociedad Federalista en la Corte Suprema de EU. Además de Alito, están los magistrados Scalia, Clarence Thomas y el recién nombrado presidente de la Corte Suprema John Roberts. Asimismo, el magistrado Anthony Kennedy, entre otros, ha contado con pasantes de la Sociedad Federalista.

 

El Führerprinzip

¿Y cuál es el principio en que se sustenta la Sociedad Federalista?

Durante las audiencias de la comisión judicial del Senado sobre el nombramiento del miembro de la Sociedad Federalista Samuel Alito para remplazar a la magistrado Sandra Day O’Connor en el máximo tribunal, mucha gente oyó por primera vez el término “Ejecutivo unitario”, cuando los senadores demócratas le restregaron a Alito el hecho de que él respalda ese principio. En realidad, “Ejecutivo unitario” es un nombre suave para dictadura. Se trata de la idea de que todo el poder reside en el ejecutivo, y hace nulo el mandato constitucional de frenos y contrapesos entre los tres poderes del gobierno.

Hasta el Wall Street Journal, no precisamente un diario de opiniones “liberales”, identificó a Alito, en un artículo de primera plana el 5 de enero de 2006, como uno de los principales proponentes del “Ejecutivo unitario”.

El diario citó el discurso que Alito pronunció en una convención de la Sociedad Federalista celebrada en Washington, D.C. en noviembre de 2000. Según el juez Alito, la Constitución “hace al presidente jefe del Poder Ejecutivo. Pero hace más que eso: el presidente tiene no sólo algunas facultades ejecutivas, sino el poder ejecutivo; lo tiene todo”.

Lo que no quisieron mencionar ni el Wall Street Journal ni Samuel Alito es que el concepto del Ejecutivo unitario, la doctrina central de la Sociedad Federalista, fue inventado por el principal arquitecto jurídico del régimen nazi, el “jurista de la corona” del régimen de Hitler, Carl Schmitt, quien le llamó el Führerprinzip (principio del líder).

Dos editoriales recientes del diario The New York Times, que hacían un llamado urgente para derrotar al juez Alito, también identificaron a la Sociedad Federalista.

El 23 de enero el New York Times dijo que Alito “ha respaldado la teoría extremista del ‘Ejecutivo unitario’, que le daría al presidente más poder para detener a ciudadanos estadounidenses, y daría al traste con los frenos y contrapesos incorporados en la Constitución”. Y el 30 de enero, el mismo diario publicó un extraordinario artículo de primera plana, (basado principalmente en material publicado por este servicio noticioso) titulado: “Con Alito, los republicanos recogen la cosecha plantada en el 82”, refiriéndose a la confabulación de la Sociedad Federalista que comenzó en 1982 para llenar la Corte Suprema con ideólogos de derecha.

Pero hasta ahora, fuera de las publicaciones asociadas con Lyndon LaRouche, la única mención al papel del juez nazi Carl Schmitt en la formación de la ideología de la Sociedad Federalista la han hecho Scott Horton, profesor de derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, y el diario El País de España. En un comentario del 5 de noviembre de 2005 sobre los “memorandos de tortura” del Gobierno de Bush, que alegan que el Presidente está exento de obedecer la Convención de Ginebra y otras normas internacionales que prohíben la tortura, el profesor Horton identificó a Schmitt como la fuente de los alegatos del federalista del Departamento de Justicia John Yoo. Yoo, un ex pasante del magistrado Clarence Thomas, fue impulsado a lograr notoriedad pública por poderosos patrocinadores en la cima del Gobierno de Bush, entre ellos el asesor legal y actual oficial mayor del vicepresidente Cheney, David Addington, y Timothy Flanigan, quien ha recibido más de 800.000 dólares en honorarios de la Sociedad Federalista por consultoría. Y como informamos en nuestro número anterior (ver Resumen ejecutivo de la 2a quincena de enero de 2006, vol. 23, núm. 2), El País publicó un comentario de Lluis Bassets en su edición del 26 de enero, titulado “El azufre de Carl Schmitt”, en el que señalaba que los escritos de Alito “tienen un tufillo sulfuroso que les emparienta con Carl Schmitt, el jurista magistral que proporcionó herramientas conceptuales a la dictadura de Hitler, entre las que se cuentan la preponderancia absoluta del Ejecutivo, la exaltación de la decisión política por encima de la norma y la figura del soberano como quien decide el estado de excepción. No es la primera vez que se suspenden derechos constitucionales en Estados Unidos, pero nunca se había hecho con vocación de permanencia. La base legal que ahora se utiliza para dar tantos poderes al presidente hasta convertirlo en dueño de la vida y la muerte, la libertad y la privacidad es el mandato que recibió del Congreso el 18 de septiembre para librar la guerra contra el terrorismo. Sin fecha de caducidad, porque el propio Presidente ha reconocido que se trata de una guerra que no tendrá fin. Y de consecuencias tan tristes como evidentes”.

Carl Schmitt y su criatura, Adolfo Hitler. Schmitt usó el incendio del Reichstag, al cual le prendieron fuego los agentes del propio Herman Göring, el ministro de Propaganda de Hitler, como pretexto para justificar que Hitler declarara un estado de excepción y asumiera poderes dictatoriales. (Fotos: Biblioteca del Congreso de EU).

 

El ‘incendio del Reichstag’ de EU

En enero de 2001 Lyndon LaRouche advirtió en un testimonio por escrito ante la comisión judicial del Senado, en oposición al nombramiento de John Ashcroft como Procurador General, que el Gobierno de Cheney y Bush subió al poder con el propósito de reinar mediante la administración de crisis. LaRouche advirtió que el Gobierno de Bush buscaría a la primera oportunidad un “incendio del Reichstag” para justificar una dictadura en base a las teorías legales del Carl Schmitt de Hitler. Fue el Führerprinzip de Schmitt con lo que Hitler justificó la declaración de gobierno dictatorial de emergencia el 28 de febrero de 1933, 24 horas después de que el parlamento alemán, el Reichstag, fuera arrasado por las llamas, gracias a los agentes del propio Herman Göring.

La Sociedad Federalista es una de las herramientas clave para este plan de dictadura. Para apertrecharse en su contra, los ciudadanos deben acudir al portal de internet www. larouchepub.com/spanish.

La Constitución “hace al presidente jefe del Poder Ejecutivo. Pero hace más que eso: el presidente tiene no sólo algunas facultades ejecutivas, sino el poder ejecutivo; lo tiene todo”: Samuel Alito.