El plan ‘privatizador’ de Rohatyn, Shultz y Cheney para destruir la seguridad nacional de EU
El 9 de octubre de 2004 dos de los máximos representantes estadounidenses de la sinarquía internacional, George Shultz y Félix Rohatyn, unieron fuerzas para agredir la soberanía y la seguridad nacionales de Estados Unidos. Auspiciados por el Proyecto Princeton sobre Seguridad Nacional de George P. Shultz, el Centro de Asuntos Internacionales de Rohatyn en la Universidad de Middlebury y la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton, juntos patrocinaron una conferencia en las instalaciones de la Universidad de Middlebury en Vermont, para impulsar “La privatización de la seguridad nacional”. La conferencia reunió a cerca de una docena de académicos, ex funcionarios de gobierno y militares retirados, para planear la expansión en grande de la privatización de las funciones militares a través de empresas militares privadas (EMP).
Según el informe anual de 2004–05 del Centro de Rohatyn, Shultz es el copresidente del Proyecto Princeton, el cual es financiado por la Fundación Ford, y “propone ir más allá de las. . . formas habituales de pensar acerca de la seguridad nacional”. Lo que en simple castellano quiere decir que Shultz y Rohatyn encabezan la ofensiva para eliminar al Estado nacional soberano, al poner en manos de empresas transnacionales privadas prácticamente todas las funciones militares y de seguridad nacional que no estén relacionadas con el combate, y algunas funciones básicas de combate de las propias fuerzas armadas.
De conformidad con el plan de Shultz y Rohatyn —y tras la fachada de la “privatización”—, la llamada guerra global contra el terrorismo del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el ex subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz (ahora presidente del Banco Mundial), y el subsecretario adjunto de Defensa a cargo de Inteligencia Stephen Cambone, ya ha transformado segmentos de las fuerzas armadas estadounidenses en una copia al carbón de la Allgemeine SS de Hitler, al desplegar por todo el mundo a bandas cuasiprivadas de comandos con permiso para matar, y al emprender una campaña de espionaje generalizado contra ciudadanos estadounidenses, que rebasa con mucho cualquier cosa que Richard Nixon contemplara en sus momentos de mayor paranoia.
Según una fuente militar estadounidense enterada, Rumsfeld hace poco alteró radicalmente las regulaciones de personal del Comando de Operaciones Especiales, para permitirle a los “Boinas Verdes” y a los comandos de la Armada, la Fuerza Delta y otras tropas de “operaciones especiales”, retirarse “temporalmente” del servicio militar, ir a trabajar con contratistas privados, y luego regresar al servicio activo, sin perder su rango ni antigüedad en el servicio. De ser cierto este informe, Rumsfeld ha derribado el muro que separaba a los soldados de operaciones especiales en servicio activo, por un lado, de los mercenarios y terroristas, del otro.
El tema general de la conferencia patrocinada por Rohatyn lo resumió Peter Feaver, director del Instituto Triángulo de Estudios de Seguridad de la Universidad de Duke, quien dijo con efusión: “De hecho, lo que estamos viendo es una reinstauración del neofeudalismo. Si piensan en cómo la Compañía de las Indias Orientales desempeñó un papel en el ascenso del Imperio Británico, existen paralelos similares al ascenso del cuasiimperio estadounidense”.
Feaver no es un mero farsadémico de un centro ideológico. En junio de 2005 lo integraron al Consejo de Seguridad Nacional de EU como “asesor especial de planificación estratégica y reforma institucional”, puesto que conservará al menos hasta agosto de 2006. Feaver fue el autor principal de la “Estrategia nacional para la victoria en Iraq”, un documento de 35 páginas del Gobierno de Bush, que la Casa Blanca dio a conocer el 30 de noviembre de 2005, mientras el presidente Bush hablaba en la Academia Naval de EU en Anápolis, Maryland. Feaver, cuyo Instituto Triángulo realiza sondeos de opinión pública sobre asuntos de seguridad nacional, sostuvo que a los estadounidenses podía engatusárseles para que aceptaran un gran número de bajas y un costo elevado para la guerra por un tiempo indefinido, siempre y cuando estuvieran convencidos de que había un plan para la “victoria”. Está de más informarle al pueblo estadounidense, o siquiera a la cúpula militar, dicho sea de paso, del hecho de que el objetivo es el “neofeudalismo”, como alardeó Feaver enfrente del público en Middlebury seleccionado por Rohatyn.
Rohatyn, en sus propias palabras en la sesión final en Middlebury, soltó la sopa con su acostumbrado estilo locuaz: “Abordaré esta cuestión como la privatización y lo que lleva aparejada, no si es buena o mala, porque creo que llegó para quedarse y no tiene caso debatir ese asunto. Y también porque creo que crecerá. Ni por un momento creo que la privatización parará en los servicios de seguridad. . . Creo que es inevitable que cada vez más altos oficiales dejarán el Pentágono y pasarán a empresas privadas, y luego regresarán al sector militar como contratistas, con negocios con un valor de mercado mucho mayor. Porque un actor al que no han incluido aquí son los mercados bursátiles. Y la privatización, que es tanto un dogma como un proceso, por lo general trae consigo otros dos elementos. Uno es la desregulación y el otro la necesidad de transparencia”.
Rohatyn alegó que, para que la privatización de la seguridad funcione a gran escala, tienen que administrarla grandes empresas transnacionales (léase carteles) “reguladas” por la mano invisible del mercado bursátil. “Las grandes compañías tienen [legitimidad] porque son transparentes, porque aparecen inscritas en las bolsas de valores, porque hay una sanción si hacen algo mal. Eso no existe con los jugadores más pequeños”, dijo Rohatyn, en una referencia directa a la tortura de prisioneros en Abu Ghraib, donde consultores privados, contratados como traductores e interrogadores, participaron en los abusos.
Rohatyn concluyó: “La cuestión de qué es lo que sólo el gobierno puede hacer, probablemente sea matar gente. Pero no creo que haya tantas cosas en las que el gobierno puede actuar en las que el sector privado no pueda desempeñar una función, si se le supervisa como es debido y se protege el interés común”.
Fuentes familiarizadas con la conferencia de Middlebury señalan que la misma coronó una campaña organizativa a favor de la “privatización de la seguridad nacional”, que ha estado en marcha desde el derrumbe de la Unión Soviética. Durante la presidencia de William Clinton, Rohatyn, quien por un breve tiempo fue embajador de EU en Francia, fue el principal campeón de la privatización y deslocalización de tantas funciones del Pentágono como fuera posible.
De hecho, desde el principio el plan “neofeudal” para privatizar las fuerzas armadas de EU y demoler el último pilar de la soberanía nacional, ha estado asociado con tres nombres en particular: George Shultz, Félix Rohatyn y Dick Cheney. Shultz y Rohatyn, informan fuentes cercanas a ellos, llevan largo tiempo de ser amigos íntimos, quizás desde su colaboración a principios de los 1970 en el golpe de Pinochet en Chile. En ese entonces, Shultz tuvo una serie de puestos en el gabinete de Nixon; y Rohatyn, el presidente de la casa de corretaje de Nueva York, Londres y París, Lazard Frères. era miembro de la junta de directores de International Telephone and Telegraph (ITT), la principal patrocinadora empresarial del golpe. Junto con el entonces secretario de Estado y asesor de seguridad nacional Henry Kissinger, Shultz y Rohatyn fueron actores clave en el derrocamiento y asesinato —respaldado por la CIA— del presidente chileno Salvador Allende, y en la instalación de la junta militar del general Augusto Pinochet.
Según infinidad de informes publicados, en 1991, poco después de la “operación Tormenta del Desierto”, el entonces secretario de Defensa Dick Cheney contrató a la compañía de equipo petrolero Halliburton, con sede en Houston, Texas para que realizara un estudio ultrasecreto de cómo podían ponerse en manos del sector privado las operaciones militares de EU. Halliburton recibió 8,9 millones de dólares en total para realizar el estudio, el cual, hasta la fecha, aún está clasificado. Una fuente del Congreso describió el estudio como “las joyas de la corona”, y pronosticó que mientras Cheney esté rondando, el contenido del plan privatizador de Halliburton seguirá sepultado.
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En su discurso de despedida del 17 de enero de 1961, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower profirió su famosa advertencia contra el “complejo militar–industrial”: Un elemento vital para mantener la paz es nuestra institución militar. Nuestras armas tienen que ser poderosas, listas para la acción inmediata, de modo que ningún agresor potencial tenga la tentación de arriesgarse a su propia destrucción. Nuestra organización militar hoy guarda poca relación con la que conociera cualquiera de mis predecesores en tiempos de paz o, de hecho, los combatientes de la Segunda Guerra Mundial o Corea. Hasta el más reciente de nuestros conflictos mundiales, Estados Unidos no tenía industria armamentista. Los fabricantes estadounidenses de rejas de arado también podían —con tiempo y según fuera necesario— fabricar espadas. Pero ahora no podemos dejar la defensa nacional a la improvisación de emergencia; nos hemos visto obligados a Üntcrear una industria armamentista permanente de enormes proporciones. Añádase a esto los tres y medio millones de hombres y mujeres que participan directamente en el sector de la defensa. Cada año gastamos más en seguridad militar que el ingreso neto de todas las empresas estadounidenses. Esta conjunción de un sector militar inmenso con una gran industria armamentista es nueva en la experiencia estadounidense. La influencia total —económica, política, incluso espiritual— se siente en cada ciudad, en cada gobernación, en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperiosa de que esto acontezca. Empero, no debemos dejar de comprender sus hondas implicaciones. Comprende nuestro trabajo, recursos y sustento, todos, al igual que la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno tenemos que prevenir que el complejo militar–industrial adquiera influencia injustificada, sea que la procure o no. El potencial para el crecimiento desastroso de un poder que está en malas manos, existe y persistirá. Nunca debemos dejar que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Sólo una ciudadanía alerta y bien informada puede exigir que la enorme maquinaria industrial y militar de defensa engrane como es debido con nuestros métodos y metas de paz, de modo que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. |
Jane Mayer, de la revista The New Yorker, completó el cuadro de la confabulación de Cheney y Halliburton en un reportaje del 16 de febrero de 2004: “Como secretario de Defensa”, escribió, “Cheney engendró un desprecio por el Congreso, al que, dijo un amigo, llegó a considerar ‘un montón de mosquitos fastidiosos’. Entre tanto, profundizó su afinidad por los negocios. ‘Las reuniones con empresarios eran las que de veras le hacía latir el corazón’, dijo un ex ayudante. Una compañía a la que le fue extraordinariamente bien, fue Halliburton. Hacia el final de la estadía de Cheney en el cargo, el Pentágono decidió pasarle a una sola compañía el grueso de las cuestiones de planificación y apoyo para las operaciones militares en el exterior; tareas tales como preparar comida, la lavandería y la limpieza de letrinas. . .
“Halliburton recibió 3,9 millones de dólares por escribir su informe inicial, que ofrecía una estrategia para brindarle apoyo a veinte mil soldados. El Pentágono le pagó entonces a Halliburton cinco millones de dólares más para realizar un estudio de seguimiento. En agosto de 1992 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU seleccionó a Halliburton para efectuar todo el trabajo necesario de apoyo a las fuerzas armadas durante los siguientes cinco años, de conformidad con el plan que ella misma había trazado”.
En enero de 1993, cuando entró el Gobierno de Clinton, Cheney supuestamente jugó por un tiempo con la idea de procurar la candidatura presidencial republicana de 1996. Pronto abandonó la idea y, en vez de eso, Halliburton lo contrató como su gerente general. Cuentan las malas lenguas que a Cheney lo escogió un grupo de ejecutivos para el cargo en la Halliburton, durante unas vacaciones de pesca en Canadá; pero la previa “relación especial” entre Cheney y la Halliburton cuando éste era secretario de Defensa, sin duda hace pensar que su futuro luego del Gobierno de Bush padre pudo haberse sellado antes de que dejara el cargo.
Por cinco años, de 1995 a 2000, Cheney recibió 44 millones de dólares de salarios como gerente general. Cuando dejó la compañía para autoelegirse como el candidato vicepresidencial en la nómina de George W. Bush, dejó arreglada una compensación diferida que le ha dado un ingreso adicional promedio de 150 mil dólares al año, y opciones de compra de acciones cuyo valor ahora se estima en más de 18 millones de dólares.
Aparte de cuánto se benefició Cheney de su relación con Halliburton, la empresa en verdad se llenó los bolsillos. Según datos recabados por el Centro de Integridad Pública, una organización de investigación de interés social de Washington, entre noviembre de 2001, cuando EU lanzó la invasión de Afganistán, y junio de 2004, Halliburton esquilmó 11.400 millones de dólares en contratos del Gobierno de Cheney y Bush. Casi dos años después esas cifras sin duda ascienden hacia 15 mil millones de dólares de los contribuyentes. El siguiente contratista más grande, Parsons Corp., que tiene un largo historial de trabajar para el Gobierno de EU en proyectos de construcción en el exterior, recibió menos de 5.300 millones de dólares entre 2001 y 2004.
Halliburton en verdad ha venido a ser una “Nueva Compañía de las Indias Orientales” con Cheney y Rumsfeld. El personal de Halliburton ha estado en el terreno en todos los frentes de combate posteriores a la guerra Fría, desde Mogadiscio en Somalia, hasta los Balcanes, el golfo Pérsico y Afganistán.
Encabeza la manada, pero no es la única. En total, unos 150 mil millones de dólares en fondos del Pentágono han ido a parar a las “EMP” desde el comienzo del Gobierno de Cheney y Bush. Tan sólo en Iraq los auditores del Pentágono no han podido dar cuenta de 200 millones de dólares en fondos que fueron a dar a los contratistas, según una fuente gubernamental enterada. Esos fondos faltantes ni siquiera incluyen los miles de millones de dólares perdidos por cobros excesivos de los contratistas.
Más allá de esas cifras estratosféricas, Cheney y Rumsfeld han encabezado una privatización generalizada de las funciones militares, desde el apoyo logístico, la ingeniería de combate y los interrogatorios, hasta el despliegue efectivo de aviones a control remoto sobre el campo de batalla, y otras funciones básicas de combate.
Cuando el Pentágono tuvo que actualizar el manual de campo del Ejército sobre la participación de los contratistas privados en zonas de combate, deslocalizaron incluso este proyecto, para dárselo a Military Professional Resources Incorporated (MPRI), una de las primeras compañías estadounidenses establecidas exclusivamente para realizar operaciones militares privatizadas.
Dan Guttman, adscrito a la Universidad Johns Hopkins y que trabaja con el Centro para la Integridad Pública, le dijo a Mayer de The New Yorker que tras cinco años de recorte de plazas de gobierno con Cheney y Bush, plazas que ahora remplazan con EMP, “los contratistas han crecido y se han atrincherado tanto, que es una ficción pensar que el gobierno conserva algún control”.
Peter W. Singer, un académico del Instituto Brookings que participó en la conferencia de Shultz y Rohatyn en Middlebury, y quien escribió el libro de 2003 Corporate Warriors (Guerreros empresariales), advirtió: “Estamos cediéndole el alma de nuestra defensa al mercado”.
El coronel (r.) de la Fuerza Aérea estadounidense Sam Gardiner se concentró en otro factor decisivo que lleva a Cheney, Shultz y Rohatyn a presionar por la privatización de la seguridad nacional: su compromiso con una estrategia de guerra imperial perpetua. “Hace demasiado fácil irse a la guerra”, advirtió Gardiner. “Cuando puedes contratar a gente para que vaya a la guerra, te ahorras todos los rezongos y la fricción política”. Gardiner le dijo a Mayer que está convencido de que, sin la capacidad de recurrir a bastante más de 150 mil contratistas de EMP en Iraq, Cheney y compañía nunca hubieran logrado venderle la guerra de Iraq al Congreso, porque la invasión y ocupación hubiera requerido más de 300.000 soldados, precisamente la cifra que el general Eric Shinseki le dijo a Rumsfeld era necesaria para llevar a cabo la misión. (Por su franqueza, a Shinseki lo corrieron como jefe del estado mayor del Ejército). “Piensa qué tanto más difícil hubiera sido lograr que el Congreso o el pueblo estadounidense apoyaran esas cifras”, concluyó Gardiner.
La agencia privada de espionaje interno de Rumsfeld
Durante la era de Clinton, los republicanos en el Congreso encabezaron la campaña para privatizar y deslocalizar las actividades del gobierno, y encontraron un aliado en el vicepresidente Al Gore, a quien el Gobierno de Clinton le asignó la cartera de “reinventar el gobierno”. En 1998 el Congreso aprobó y Clinton promulgó la llamada ley de Reforma de las Actividades Federales (RAF). El lenguaje de la ley era explícito: “Ofrecer un proceso para identificar las funciones del gobierno federal que no son inherentemente funciones gubernamentales”. Sin embargo, la ley excluía de forma explícita la protección del territorio y los intereses de la categoría de funciones que posiblemente podían encargársele al sector privado.
Para que quedara claro y prevenir cualquier intento del Gobierno entrante de Cheney y Bush de privatizar las funciones de inteligencia militar, el subsecretario auxiliar del Ejército a cargo de Asuntos de Recursos Humanos y de la Reserva, Patrick T. Henry, le escribió un memorando el 26 de diciembre de 2000 al secretario de Defensa, al director del estado mayor y al subjefe del estado mayor del Ejército a cargo de inteligencia, en el que les decía:
“He decidido lo siguiente en cuanto a la función de inteligencia que desempeñan empleados militares y civiles federales en las fuerzas operativas y de generación del Ejército. . . A nivel táctico, la función de inteligencia bajo el control operativo del Ejército que realizan militares de las fuerzas de operación, es una función inherentemente gubernamental que le está vedada al sector privado. Las funciones inherentemente gubernamentales son aquellas actividades que requieren discreción al aplicar la autoridad del gobierno o hacer juicios de valor al tomar decisiones para el gobierno. La recabación y análisis de inteligencia, como se describe arriba, requiere una discreción sustancial al aplicar la autoridad del gobierno, porque la inteligencia a nivel táctico es parte integral de la aplicación de la potencia de combate por parte de la autoridad soberana”.
Henry añadió: “A nivel operativo y estratégico, la función de inteligencia (menos la de apoyo) realizada por personal militar y empleados federales civiles es una función no inherente del gobierno que debe estar exenta de la participación del sector privado, por el riesgo que representa para la seguridad nacional depender de contratistas para efectuar esta función”.
El campo de actividad de contrainteligencia
Cualquier pretensión de mantener limitaciones estrictas en el uso de contratistas privados para las actividades de inteligencia militar desapareció el 11 de septiembre de 2001. El 19 de febrero de 2002, cinco meses después de los ataques de guerra irregular contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, el secretario de Defensa Rumsfeld firmó la orden 5105.67, que establecía el Campo de Actividad de Contrainteligencia del Departamento de Defensa (CACDD). La misión del CACDD, como detalla la orden, era “establecer y administrar programas y funciones de contrainteligencia (CI) del Departamento de Defensa que apoyen la protección del Departamento, entre ellos apoyo de CI para proteger personal del Departamento de Defensa, recursos, información estratégica, programas de investigación y desarrollo, tecnología, infraestructura vital, seguridad económica y los intereses de EU contra la influencia y manipulación extranjeras, y para detectar y neutralizar el espionaje contra el Departamento”.
Aunque el presupuesto del CACDD es secreto y no existe información pública sobre qué tan grande es la unidad, su director, David A. Burtt II, le dijo hace poco al Washington Post que 70% de los empleados del CACDD son contratistas privados. Una fuente del Pentágono dijo que el CACDD tiene por lo menos 1.000 empleados de tiempo completo.
Una hoja informativa que apareció en 2002 en el sitio electrónico del CACDD en el Pentágono, confirmó que la unidad coordinadora secreta de contrainteligencia había entrado en su fase operativa. La Dirección de Actividades de Campo (DAC) del CACDD, señala la hoja informativa, “ayuda a proteger los activos de defensa más vitales, al desorganizar a adversarios y ayudar a controlar el dominio de la inteligencia”. Según un artículo de Walter Pincus en el Washington Post del 19 de diciembre de 2005, las funciones de CACDD “pueden abarcar desde desplegar patrullas nómadas alrededor de bases e instalaciones militares, hasta vigilar personas u organizaciones dentro de EU que representen una amenaza potencial”. Según la hoja informativa del CACDD, el DAC también brinda apoyo en el terreno en tiempo real, “en zonas hostiles de todo el mundo para proteger tanto a personal de EU como de la nación anfitriona, de amenazas varias”.
El Centro de Contrainteligencia y Aplicación de la Ley del CACDD, que es otro de sus nueve departamentos, “identifica y evalúa amenazas. . . internas, de servicios de inteligencia extranjeros, de terroristas y de otras entidades clandestinas o encubiertas”, según la hoja informativa.
La Dirección de Ciencias de Conducta del CACDD, “cuenta con 20 psicólogos y un presupuesto multimillonario” para apoyar “esfuerzos ofensivos y defensivos de contrainteligencia”. También ha brindado un “equipo de psicólogos forenses de renombre [que] participa en evaluaciones de riesgo de los detenidos en Guantánamo”, según la biografía del CACDD del jefe del departamento, el doctor S. Scott Shumate.
Parte de la orden operativa ampliada del CACDD entrañaba la centralización de información en bruto sobre posibles ataques terroristas contra instalaciones militares tanto en EU como en el extranjero. El 2 de mayo de 2003 el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz emitió un memorando que circuló entre el alto mando del Pentágono, en el que designó al CACDD como la agencia principal de un programa llamado TALON (Notificación de Amenazas y Observaciones Locales). El memorando rezaba: “Aunque el Departamento de Defensa tiene un proceso establecido para identificar, informar y analizar información relacionada con amenazas terroristas extranjeras, no contamos con un mecanismo formal para recabar e intercambiar información no confirmada sobre amenazas nacionales entre entidades de inteligencia, contrainteligencia, policiales y de protección, ni [para] someter dicha información a un análisis cuidadoso de indicios de actividad terrorista extranjera. Se ha establecido un nuevo mecanismo, el informe ‘TALON’, como medio de recabar información sin confirmar sobre amenazas internas, para hacerle llegar esa información a los analistas, e incorporarla en el proceso de alerta de amenaza terrorista del Departamento de Defensa. Un informe TALON consiste de información en bruto que viene de ciudadanos preocupados y miembros de las fuerzas militares sobre incidentes sospechosos. La información en los informes TALON no está confirmada, puede o no estar relacionada con una amenaza real y, por su propia naturaleza, puede ser fragmentada e incompleta. El propósito del informe TALON es documentar y diseminar de inmediato información sobre amenazas potenciales entre el personal, instalaciones y recursos del Departamento de Defensa”.
El memorando de Wolfowitz le asignó al CACDD la tarea de “incorporar la información en un banco de datos y ofrecer acceso total al banco de datos a la Agencia de Inteligencia de Defensa, la Fuerza de Tarea Conjunta de Inteligencia de Combate al Terrorismo, para apoyar su misión de alerta terrorista”. Al CACDD lo pusieron en manos del subsecretario adjunto de Defensa a cargo de Inteligencia Stephen Cambone.
Lo del CACDD quedó al menos parcialmente al descubierto en diciembre de 2005, cuando la cadena de televisión NBC obtuvo un documento secreto de 400 páginas del Departamento de Defensa que compendiaba algunos de los informes TALON. El documento develó la punta del témpano de lo que parece ser un programa de vigilancia nacional de enormes proporciones, que tiene como blancos a grupos antiguerra y otros activistas políticos sin ningún vínculo terrorista con al–Qáeda ni de otra clase.
Las actividades de vigilancia física que documentan los informes TALON cuentan con el respaldo de lo último en sistemas computarizados de “extracción de datos”, que cotejan una multitud de bancos de datos gubernamentales y comerciales, que contienen información de crédito, historial de empleo y otros datos personales de potencialmente millones de estadounidenses respetuosos de la ley. Existe la sospecha difundida de que el CACDD pudiera albergar parte del programa de Conciencia Informativa Total (CIT) del Pentágono, uno de los primeros proyectos de extracción de datos del Gobierno de Cheney y Bush, que encabezaba el almirante John Poindexter, un desacreditado personaje del escándalo de Irán y la contra, que dizque fue cancelado con bombo y platillo.
George Lotz, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que fungió como subsecretario auxiliar de Defensa a cargo de Supervisión de Inteligencia desde 1998 hasta mayo de 2005, le dijo a NBC: “Alguien tiene que vigilar para asegurar que no estén perdiendo los estribos e informando cosas sobre ciudadanos de EU a tontas y locas”.
Si todo esto suena como Naranja mecánica corregida y aumentada, es porque lo es. El sector de las EMP ahora ha establecido su propio cabildo para fomentar la privatización de la guerra. Y, siguiendo la tradición del doble lenguaje de H.G. Wells, la asociación global de compañías de mercenarios se autodenomina Asociación de Operaciones de Paz Internacional (AOPI). Compañías tales como MPRI, Blackwater y ArmorGroup, que tienen “hombres en el terreno” en cada zona de conflicto de importancia del planeta, conforman el núcleo fundador del grupo de “operaciones de paz”. Su misión: “AOPI cree que hay una mejor solución: la esperanza de una paz duradera a lago plazo en muchos de los lugares atribulados del mundo depende hoy cada vez más de empresas privadas expertas y organizaciones especializadas en operaciones de paz”.
Post scríptum: un mes después de la conferencia en la Universidad de Middlebury, Félix Rohatyn fue coautor de un editorial publicado el 17 de noviembre de 2004 en el Financial Times, “El tema del lucro va a la guerra”. “La última década”, se regodeó, “experimentó una revolución silenciosa en la forma en que EU proyecta su poderío en el exterior. En la primera guerra del Golfo, la proporción de tropas estadounidenses en el terreno en relación con los contratistas privados era de 50 a 1. En la guerra de Iraq de 2003 esa proporción fue de 10 a 1, como lo fue en las intervenciones del Gobierno de Clinton en Bosnia y Kosovo. Como lo reflejan estas cifras, funciones militares clave han pasado a compañías privadas; presidentes demócratas y republicanos por igual han privatizado de manera constante aspectos fundamentales de la seguridad nacional de EU. Para darse una idea aproximada de la magnitud de este cambio, se calcula que el valor total de los contratos de Halliburton en Iraq hasta la fecha suma entre 11 y 13 mil millones de dólares, más del doble de lo que la primera guerra del Golfo le costó a EU”.
“En la historia de la guerra”, continuó Rohatyn, “la subcontratación y el despliegue de mercenarios no es algo nuevo. Los británicos construyeron un imperio con soldados de contrata, y sólo vinieron a establecer un ejército ciudadano en la segunda mitad del siglo 19. Pero hay dos diferencias estructurales de importancia entre los imperios británico del siglo 19 y estadounidense del 21. Primero, compañías inscritas en las bolsas de valores realizan ahora operaciones militares privadas. Segundo, el mercado para esta fuerza es ahora genuinamente mundial, lo que despierta nuevas preocupaciones de responsabilidad y normatividad”.
Roger Moore y Edward Spannaus contribuyeron con investigación para la elaboración de este artículo.